La secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE, Beatriz Corredor, y la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Mar Rominguera, han registrado una proposición de ley en el Congreso para frenar la “burbuja” de los precios del alquiler y fomentar el alquiler estable de vivienda, “apostando por el carácter social de las políticas de vivienda”.
“Se trata de evitar la escalada de los precios del alquiler y garantizar la estabilidad a los inquilinos. Queremos hogares en alquiler más que negocios de alquiler”, han afirmado las dirigentes socialistas.
Los socialistas señalan que “la subida de los precios del alquiler es consecuencia de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que llevó a cabo el PP en 2013, del auge del alquiler turístico y del repunte de la inversión inmobiliaria”. La reforma de la LAU ha provocado –denuncian- “una mayor vulnerabilidad del inquilino, la reducción de la duración de los contratos de 5 a 3 años, y la falta de referenciación en la actualización de precios”. Respecto al auge del alquiler turístico, conlleva “una reducción de la oferta para alquiler residencial y al reducirse la oferta, suben los precios”.
La iniciativa del PSOE contempla, entre otras cuestiones, que los contratos de arrendamiento vuelvan a ser de 5 años, transcurridos los cuales el contrato se prorrogará anualmente hasta un máximo de tres años más; propone que la subida de los alquileres esté sujeta de nuevo a la evolución del IPC; se define con mayor precisión lo son arrendamientos residenciales, temporales y turísticos; y establece garantías judiciales en caso de conflictos sobre el pago de renta y desahucios.
Asimismo, los socialistas proponen incentivos fiscales para el alquiler de vivienda: se promoverá un sistema público de precios de referencia por zonas, para que los propietarios respeten esos precios puedan beneficiarse de ventajas fiscales, que también favorecerán a quienes alquilen una vivienda a jóvenes con ingresos bajos. Igualmente habrá mejor trato fiscal para los arrendatarios: los inquilinos con ingresos inferiores a 30.000 euros anuales podrán deducirse un 10,05% del alquiler en su declaración de la renta.