Castilla y León estrenó 2020 con la esperanza de alcanzar un pacto por la sanidad que permitiera avanzar en la calidad del sistema y garantizar su sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Con los mimbres ya tejidos, en aquellos días pocos podían pensar que ese pacto se reconvertiría en el de la reconstrucción del sistema, tocado y casi hundido por la pandemia del COVID-19.
Con el apoyo de los grupos parlamentarios Popular y de Ciudadanos y los partidos Vox y Por Ávila, el escollo se encontraba en el plan de reordenación de la Atención Primaria en el medio rural, el llamado Plan Aliste, que para unos serviría para cerrar consultorios y para otros para concentrar la atención en los llamados rurales de agrupación y garantizar las consultas a diario. Este fue el principal motivo del descuelgue de Podemos, UPL y el Grupo Socialista, a los que el tiempo les dio la razón o, al menos, sirvió para anular el plan.
Mientras llegaban noticias de una concentración de casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei de China, la actualidad sanitaria seguía su curso. Se conoció el primer balance anual de las listas de espera de la gestión del Gobierno PP-Ciudadanos, bajo el mando de la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Las cifras se retrotrajeron a la situación que presentaban hace cuatro años, datos que fueron justificados por un nuevo recuento, al incluir la lista estructural, atribuible a la organización y los recursos, y la no estructural. Lo cierto es que la polémica que se levantó también duró poco. El COVID-19 llegaría para reventar las cifras, ahora más que trastocadas por la pandemia y a las que les costará levantar el vuelo.
El 10 de enero, la OMS publicó una serie de orientaciones para detectar y gestionar posibles casos de un nuevo virus. Todo parecía un brote local controlado, hasta que comenzaron a saltar nuevos casos en otros países. El 30 de enero se confirmaron 7.818 casos en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. La OMS evaluó el riesgo en el país asiático como muy alto y el riesgo mundial como alto: la amenaza iba en serio, aunque pocos hubieran aventurado que se convertiría en una pandemia mundial de tal calibre.
Tiempo después, se supo que el COVID-19 llegó mucho antes de lo que se pensaba a España y también a Castilla y León. Un estudio del Instituto de Salud Carlos III calcula que a mediados de enero ya estaba circulando. Los síntomas se confundían con los de la gripe, que en aquel momento se encontraba en niveles de intensidad media-alta.
El 27 de enero, la Consejería de Sanidad de Castilla y León anunció la constitución de un comité técnico ante la posibilidad de que se registrara algún caso importado de coronavirus. Ya había habilitado una publicación en el portal de salud con información general, medidas preventivas y pautas sobre cómo actuar. De momento no se había registrado ningún caso en España.
Primer caso confirmado
El primer caso confirmado saltó el 31 de enero, un cuadro de neumonía rara en un paciente alemán ingresado en La Gomera. Nueve días después saltó otro caso en Palma, y poco a poco el mapa fue salpicándose de nuevos contagios. En Castilla y León, ese mismo 31 de enero la Consejería de Sanidad activó por primera vez el protocolo epidemiológico ante un caso en investigación en Burgos. Fue negativo. El 27 de febrero un joven estudiante italiano en Segovia y un ingeniero iraní en Valladolid fueron los primeros casos confirmados en la Comunidad.
En días, comenzó a cundir el pánico, hasta el punto de que a finales de febrero las distribuidoras de farmacia que suministran mascarillas y geles hidroalcohólicos en Castilla y León se quedaron sin stock. La demanda de mascarillas se multiplicó por cien en las farmacias españolas desde enero, aunque todavía no eran obligatorias.
Los contagios continuaban creciendo de manera exponencial. Se creía que el sistema estaba preparado. Siguió avanzando febrero y se constituyó el Consejo de la Profesión Médica de Castilla y León para poner sobre la mesa propuestas que permitan promover mejoras en las condiciones del ejercicio de la medicina. Su presidente, José Luis Díaz Villarig, reclamó también la constitución de un gran Pacto de Estado por la Sanidad, una medida necesaria ante los problemas de las diferentes comunidades. Hoy el pacto es más necesario que nunca.
A principios de marzo, el día 3, Castilla y León constituyó su propio comité de expertos para adaptar protocolos, facilitar el intercambio de información sobre la evolución de la enfermedad y respaldar sus decisiones desde el punto de vista técnico y científico. El virus ya corría como la pólvora. Los sanitarios en aislamiento por haber tiendo contacto con pacientes con coronavirus se acercaban a la treintena. Hoy los contagiados se acercan a los 5.000.
Semana crucial
Aquella semana de marzo fue crucial. El día 9 tres aulas del colegio Anduva de Miranda de Ebro (Burgos) se cerraron al registrarse 40 positivos por COVID-19. El día 10, Sanidad declaró zona de contención reforzada la localidad ante el aumento de la propagación del virus. Un día después, un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta analizó nuevas medidas para hacer frente al foco de Miranda, centradas en garantizar el aislamiento de los contagiados. De forma paralela se limitaron las visitas a los hospitales y los centros de salud comenzaron a vaciarse en toda la Comunidad.
El 12 de marzo la Junta suspendió las clases en Burgos y en Miranda de Ebro, y pidió a la población que permaneciera en sus domicilios. Esa misma noche el coronavirus se cobró su primera víctima mortal confirmada en Castilla y León, un hombre de 81 años en Salamanca. La lista acababa de estrenarse. En horas se sumaron otras dos víctimas en Miranda de Ebro y Segovia, y así hasta superar los 7.500 a día de hoy.
Las medidas se generalizaron. El día 13 la Junta decidió cerrar los colegios a partir del 16 de marzo por un plazo de 15 días. Al final, los niños no regresaron a las aulas hasta el nuevo curso, en septiembre y bajo rigurosos protocolos de seguridad. Se suspendieron las visitas a los centros de mayores; se prohibieron las salidas de residentes al exterior; se decretó el cierre de centros de estancias diurnas; centros de día, ocupacionales y de personas con discapacidad, así como aquellos en los que se prestan servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad.
Declaración del Estado de Alarma
Un día después, el 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el Estado de Alarma en todo el territorio español para afrontar la situación de emergencia sanitaria. La gente se quedó en casa, y sólo pudo salir para actividades de primera necesidad. Se prolongaría hasta el 20 de junio.
Esa misma jornada, Sacyl activó el nivel III del Plan asistencial frente al coronavirus y suspendió las consultas en Primaria y Especializada. La atención comenzó a ser telefónica en los centros de salud y los hospitales se volcaron con el COVID-19 para comenzar, en unos días, a derivar las operaciones a los centros privados. El objetivo era mantener la actividad y evitar que los intervenidos ocuparan camas de UCI y convivieran con los infectados por el nuevo virus.
Ese mismo 14 de marzo, Castilla y León pasó a ser zona de transmisión comunitaria. Quedaban semanas por delante de confinamiento. La pandemia había superado todas las previsiones y el aislamiento fue la única medida para poder contener la expansión del virus y permitir la resistencia del sistema sanitario. La mayor parte de la sociedad lo entendió y su respuesta fueron aplausos colectivos desde los balcones para dar las gracias cada día, a las 20 horas, a quienes trabajaban por salvar vidas.
Guerra bacteriológica
El país, el mundo, asistía a una guerra bacteriológica perfecta. Los hospitales de Valladolid se preparaban con el montaje en sus aledaños de hospitales de campaña ante la previsión de un aumento de casos. La situación era dramática. No había equipos de protección para los profesionales sanitarios. La Junta hizo aquel 15 de marzo un llamamiento a empresas y particulares para que donaran equipos de protección individual y los fabricaran. Los stock a nivel internacional se habían roto. Pero también faltaba personal. La situación llevó a contratar a residentes de último año y a contar con médicos y enfermeros jubilados para frenar el CPVOD-19.
El 17 de marzo, España registró casi 2.000 nuevos casos de coronavirus en un solo día y la Comunidad sumaba 431 infectados. La Junta pidió psicólogos voluntarios para atender a profesionales y familias. El día 23, Castilla y León sumó 311 casos de coronavirus en un día y alcanzó los 2.055 contagios; también murió la primera médico por COVID-19 en España desde que se decretó el estado de alarma, la doctora Isabel Muñoz, que ejercía en el consultorio de La Fuente de San Esteban (Salamanca). Se encontraba en autoaislamiento.
A finales de marzo, Sanidad había multiplicado por tres el número de camas en las unidades de cuidados intensivos para hacer frente a los casos más graves. Pasó de 166 a 500 puestos. Además, se preparaba un Hospital de Campaña en el recinto de la Feria de Valladolid, con 114 casetas y flujo de oxígeno para 215 puestos, para atender las demandas de toda la Comunidad.
Sanidad auguraba una “semana complicada” en las UCI. Los hospitales de Segovia, Soria y el Río Hortega de Valladolid se encontraban con una ocupación casi total. De hecho, en Segovia se levantó un hospital de camapaña, que no llegó a utilizarse, y se derivaron a pacientes de las dos primeras provincias a otros centros de dentro y fuera de la Comunidad. También, el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León pidió a la Junta más medios asistenciales para hacer frente a la pandemia en estas provincias, donde llegaron efectivos del Samur de Madrid para ayudar a estos profesionales. El 2 de abril el hospital de la Feria de Valladolid recibió a sus dos primeros pacientes.
El ritmo de contagios cae
La velocidad de los contagios empezaba a bajar, y el 5 abril comenzó a hablarse de la ansiada desescalada en las reuniones de los domingos de los presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno de España.
El 8 de abril Castilla y León superó los 10.000 contagiados. España sumaba 146.690. Unos días después, el 13 de abril los trabajadores de servicios no esenciales volvieron a sus puestos tras dos semanas de parón por el endurecimiento del estado de alarma que implicó el cese de toda la actividad laboral no imprescindible. Algunos, lo vieron como una temeridad.
Se avanzaba hacia la desescalada. El 15 de abril se reunió el comité de expertos nacional para fijar la estrategia ante la reducción de la incidencia de la pandemia. Los participantes por parte de Castilla y León fueron el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, y el profesor de la Universidad de Valladolid (UVa) y miembro del comité de expertos de la Junta contra el coronavirus, Ignacio Rosell.
Medidas de alivio
El 26 de abril, tras mes y medio encerrados, los niños pudieron volver a salir a las calles, con un adulto, una vez al día, durante una hora y en un radio de un kilómetro alrededor de su casa. La Comunidad seguía en estado de transmisión comunitaria. Una semana después, el 2 de mayo, llegó el turno para el resto, con horarios diferenciados.
En este mes se conocieron los datos de la primera fase del Estudio Nacional Sero-Epidemiológico. Sólo el siete por ciento de la población de Castilla y León se habría contagiado de coronavirus. La cuarta ola conocida en diciembre, indica que el 12,6 por ciento tiene anticuerpos, casi tres puntos por encima de la media nacional, que alcanza el 9,9 por ciento. La provincia de Soria, con un 18,6 por ciento, se sitúa como la segunda de España con una mayor prevalencia, solo por detrás de Cuenca (18,7 por ciento), y con el mismo nivel que Madrid.
Hacia la nueva normalidad
El 11 de mayo, el Gobierno autorizó que 26 zonas básicas de salud de Castilla y León entraran en la fase 1 del plan de ‘desescalada’ o transición a la nueva normalidad. El 25 de mayo toda la Comunidad entró en la fase 1, y el el 8 de junio las nueve provincias pasaron a la fase 2 de la desescalada, una vez que ya lo había hecho el Área de Salud del Bierzo. De esta forma, la Comunidad avanzaba en el plan de transición a la nueva normalidad, como Madrid y zonas de Barcelona y Lérida. Todas fueron las últimas en dar este paso.
Desde el 21 de mayo, el uso de mascarillas se hizo obligatorio para mayores de seis años. En ese momento la Consejería de Sanidad comenzó a preparar 250 camas en el antiguo Río Hortega de Valladolid, hoy Edificio Rondilla, en prevención ante cualquier tipo de epidemia, desbordamiento de los hospitales o de las UCI, y también ante una temida segunda ola, que llegó.
Mayo fue un mes de luto y recuerdo de las víctimas del COVID-19, que poco a poco se contenían. La normalidad fue regresando a los hospitales, y se fueron reduciendo de manera gradual las medidas de restricción que hubo que tomar hace tres meses. El 2 de junio, Castilla y León no registró nuevos positivos en las últimas 24 horas, aunque sí dos fallecimientos en los hospitales de León y Segovia. El día 15, la Comunidad logró su primer día sin contagios nuevos ni fallecidos en centros hospitalarios.
Pocos días después, volvió el consumo en barra, el ocio nocturno sin baile y las piscinas pero con aforos máximos del 75 por ciento. Y en un escenario de cierta tranquilidad, en junio se retomó el grupo de trabajo para dibujar la adaptación del sistema sanitario de la Comunidad a la nueva realidad.
También se firmó el pacto de recuperación para tratar de paliar los efectos de la crisis del COVID-19, con inversiones de 250 millones de euros para sanidad y 80 millones para la creación de un Fondo Covid, entre otras.
La ilusión duró poco, fue más un espejismo. Pronto comenzaron los brotes, muchos de ellos familiares. El 24 de junio Castilla y León sumaba ocho con 119 afectados. Se volvieron a tomar medidas. Bares y discotecas tuvieron que cerrar como máximo a las 2 de la mañana, y el último acceso a los locales se fijó a las 01.30 horas.
Comienza la reescalada
Tras un mes aparentemente tranquilo, comenzaron a crecer los casos. El 30 de julio, Castilla y León registraba a lo largo de la 'nueva normalidad' 16 brotes de SARS-CoV-2, de los que 14 permanecían activos, y en algunos municipios se dispararon loas infecciones. El 1 de agosto, la Junta recibió la autorización judicial para confinar 14 días los municipios de Íscar y Pedrajas, en Valladolid.
El 6 de agosto, 32 zonas básicas de salud estaban al borde del confinamiento; y el 8 se publicó la orden para el llevar a cabo el de Aranda de Duero (Burgos). El día 13, los hospitales de la Comunidad registraban 97 ingresos por COVID-19, siete en la UCI. Los casos estaban aumentando. La Junta recomendó restringir el contacto social al máximo; limitar las reuniones de más de diez personas y la exposición en espacios cerrados en 77 zonas básicas de salud.
A finales de agosto se hablaba ya con fuerza de la temida segunda ola. El 28, la Comunidad sufrió el peor repunte por áreas en naranja en todo el verano, con 21 que superaron en 24 horas los cinco casos por cada 10.000 tarjetas sanitarias.
El 30 de agosto, la Junta expresó su preocupación por el incremento de la incidencia en las capitales de Salamanca, Valladolid y León. Dos día después, dictó medidas drásticas de contención en Valladolid y Salamanca y no descartaba llegar al confinamiento. Había transmisión comunitaria. En el resto de provincias, preocupaba el crecimiento en León. Zamora presentaba una situación estable con tendencia al alza y en Burgos, Segovia, Soria y Ávila se percibía un descenso.
El 5 de septiembre Castilla y León sumó 560 nuevos positivos y cinco muertes. Diez días después, el Bocyl publicó las ordenes de confinamiento de Pesquera (Valladolid) y Sotillo de la Ribera (Burgos), y amplió las medidas restrictivas en Salamanca y Valladolid durante una semana más. Faltaban siete días para que se volviera a confinar Íscar y Pedrajas de San Esteban. Después llegaría los de Medina del Campo, El Carpio, ambos en Valladolid, y Sotoserrano, en Salamanca.
Las UCI regresan a tiempos de desescalada
A finales de septiembre, la ocupación de las camas UCI en los hospitales de Palencia y Río Hortega de Valladolid superaba el 80 por ciento y el HUBU llega al 92 por ciento. El 11,8 por ciento de los 776 hospitalizados por COVID estaban ingresados en las unidades de críticos. El 4 de octubre, la presión de las UCI por Covid-19 regresa a tiempos de la desescalada y el ritmo de contagios auguraba nuevos ingresos
El día 5, la Junta decidió aplicar, a partir del 7 de octubre, medidas restrictivas en León, San Andrés del Rabanedo y Palencia al cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad para confinar ciudades de más de 100.000 habitantes. En ambos casos, la incidencia superaba los 500 afectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; el índice de positividad de las pruebas PCR, el diez por ciento, y las UCI de la Comunidad Autónoma tenían una ocupación media superior al 35 por ciento.
En el mes de octubre, la Junta comenzó a vacunar a la población frente al virus de la gripe, para evitar la convivencia de las dos enfermedades. Las dosis se agotaron. De forma paralela, la Consejería decidió normalizar la atención presencial para patologías no COVID-19 en todos los consultorios locales con cita previa.
Fue un mes complicado, con jornadas consecutivas en las que se superaron los 1.000 contagios nuevos, como ocurrió los días 9 y 10. La evolución en las capitales de provincia asustaba, y llegarían días peores. El 7 noviembre de noviembre se batió récord con 2.237 casos.
El día 13 la consejera de Sanidad, Verónica Casado, alertaba del repunte: 5.385 nuevos contagios en una semana y una incidencia de 403,62 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional que estaba en los 263. La tendencia era creciente. A partir del día 16 se prohibió fumar en todas las terrazas y el consumo en barra, y se limitaron a un máximo de seis las reuniones privadas. Salamanca acababa de estrenar su confinamiento perimetral, le seguiría Burgos. El día 20 se publicó su confinamiento y la prórroga de las medidas restrictivas en León, Palencia, Medina del Campo y San Andrés del Rabanedo.
Impacto económico
Fue un año de gran impacto para las arcas de Sanidad, que llegó a elevar su gasto a 3.077 millones en seis meses, entre marzo y septiembre, de los que 253,76 se imputan al COVID-19. El último presupuesto de este departamento se cerró con 3.579 millones de euros.
Más de la mitad de este dinero se invirtió en la contratación de 7.683 profesionales y en la compra de productos sanitarios y equipos de protección individual, en concreto 81,6 y 97,2 millones en cada caso. El resto, fue para gastos corrientes (49 millones), gasto farmacéutico hospitalario (13,9 millones), obras y equipamientos (10,1 millones), y 1,2 millones para otros aspectos.
Toque de queda
La curva seguía creciendo. Y el 23 de octubre Sanidad suspendió de nuevo las visitas y el acompañamiento a los pacientes en todos los hospitales de la Comunidad. Ese mismo día se anunció la implantación del toque de queda entre las 22 y las 6 horas en Castilla y León, que fue avalado por la declaración, el día 25, de un nuevo estado de alarma para toda España, prorrogado el 3 de noviembre por seis meses hasta el 9 de mayo de 2021.
El 30 de octubre Castilla y León quedó cerrada perimetralmente, se había perdido la trazabilidad. De momento, y tras varias prórrogas, seguirá así hasta el 10 enero, fecha que podría cambiar en función de la evolución epidemiológica.
La segunda ola, también la primera, volvió a sacar a relucir el mantra del déficit de recursos humanos. Con unos profesionales agotados, física y psicológicamente, el decreto ley para regular las condiciones laborales de los profesionales en plena pandemia cayó como un jarro de agua fría. Todos los sindicatos cargaron contra la Consejería por lo que consideraban un atropello de sus derechos. Fue en un mes, noviembre, que se preveía terrible, como así fue.
Para limitar los contagios y rastrear al máximo los casos, comenzaron a realizarse test masivos con antígenos de segunda generación en puntos con alta incidencia, como Miranda y Aranda, en Burgos, y en San Andrés (León). Luego siguieron en otros puntos de la Comunidad como en la zona de Eras de Renueva, en León capital, y Guijuelo y Peñaranda, en Salamanca.
De nuevo, la actividad programada en los hospitales se vio alterada y el sistema tuvo que recurrir a la sanidad privada. Comenzó a funcionar el llamado Edificio Rondilla.
Llega la vacuna
En tiempo récord de nueve meses llegaron no una, sino tres vacunas. El 9 de noviembre, la farmacéutica Pfizer anunció una efectividad del 90 por ciento de su vacuna en su primer análisis de la Fase 3. El día 16, Moderna indicaba que la suya alcanzaba el 94,5 por ciento. El día 24, el Gobierno aprobó una estrategia de vacunación única para toda España, que se estrenará el 27 de diciembre. En la primera fase, Castilla y León prevé vacunar a 47.800 residentes y 98.000 sanitarios y personal sociosanitario.
Hacia una meseta
A mediados de noviembre, Castilla y León inició el camino hacia una meseta en la segunda ola, con una tendencia discreta a la estabilización. La consejera Verónica Casado explicaba que se confirmaba la tendencia general al descenso, un mes después de la aplicación del segundo estado de alarma y 32 días tras la entrada en vigor del toque de queda. El día 27, Ávila y Segovia cerraron su perímetro provincial para proteger a su población. Se reabrieron los establecimientos de hostelería y centros comerciales.
Y en medio de esta sensación de calma, llegó el momento de volver a permitir la apertura de las terrazas de los establecimientos de hostelería, excepto en el municipio de Burgos, los centros comerciales y los gimnasios. También, de decidir qué ocurriría con la Navidad. Se acordó limitar las entradas y salidas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero; a un máximo de diez personas los encuentros con familiares y allegados, y se amplió el toque de queda hasta las 1.30 horas el día de Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
Proyectos eclipsados
Se cerraba un año en el que bajo la sombra del COVID-19 quedaron eclipsados proyectos, como la celebración del su Año Mundial de la Enfermería, destinado a visibilizar a un sector que dio el do de pecho durante la pandemia. También, se aparcó la reordenación del sistema en el medio rural; la reducción de las listas de espera; promover la libre elección de hospital; consultas de alta resolución ordinarias para todos los pacientes que residan más allá de 50 kilómetros; modelo de asignación de plazas de plaza vacante-plaza cubierta, redefinición de la cartera de servicios…
Eso sí, el grupo de expertos para la reforma de la sanidad pública de Castilla y León concluyó su informe, con 122 medidas, en el que se expresa su respaldo a la cita previa como forma de acceso a la consulta, con líneas telefónicas y personal suficiente, así como asegurar la asistencia en los consultorios rurales; plantea un mapa que revise la atención continuada y más personal y actividad extraordinaria para reducir las listas de espera.
Varios días consecutivos de descensos dieron ciertas esperanzas, que en poco, por el aumento del nuevo del ritmo de contagios, se vieron truncadas a mediado de mes, más bajo la sombra de unas añoradas fiestas que podrían quebrar una curva que ha costado doblegar y llevar al país a una tercera ola. En semanas saldremos de dudas. De momento se conoce que sería algo catastrófico para un sistema más que golpeado y a las puertas del inicio de un camino de esperanza con la llegada de la vacuna.