La Autovía del Duero (A-11) sumó en 2020 12,8 kilómetros y la alta velocidad alcanzó la comarca de Sanabria (Zamora) al abrirse unos 100 kilómetros de la Línea Madrid-Galicia. Estas dos actuaciones protagonizaron el año marcado por la pandemia del COVID-19, en el que la Junta y el Gobierno presentaron unos nuevos presupuestos para 2021.
La conformación del nuevo gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez originó la creación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en sustitución de la anterior cartera de Fomento, si bien se mantuvo al frente José Luis Ábalos, aunque con un equipo diferente.
Semanas después del inicio del mandato, la pandemia irrumpió en España y se declaró el estado de alarma, que incluso paralizó durante un par de semanas la actividad no esencial, entre ellas, la construcción y puso contra las cuerdas al transporte al limitarse la movilidad. Además, las ayudas vinculadas a la vivienda se unieron al escudo social con el que las instituciones trataron de ayudar a los ciudadanos en dificultades.
A finales de junio, con la desescalada ya tocando su fin, el Ministerio puso en servicio el tramo San Esteban de Gormaz-Langa de Duero (Soria), de la Autovía del Duero, con lo que se sumaron otros 12,8 kilómetros, tras una inversión total de 66,96 millones de euros. Semanas después, ya en julio, se abrió al tráfico el “subtramo A” de las obras de conversión en autovía de la ronda de Segovia, completando la duplicación con estos 8,4 kilómetros, que requirieron 34,4 millones.
Los trabajos continuaron en los tramos de la A-11 Variante de El Burgo de Osma-Enlace de San Esteban de Gormaz (30,08 millones) y Venta Nueva-Enlace de Santiuste (79,43 millones), como en el Tudela de Duero-Olivares de Duero (Valladolid), contratado en 79,1 millones. Además, en agosto, se adjudicó el tramo Quintanilla de Arriba (Oeste)-Olivares, con un presupuesto de 97,99 millones.
A pesar del COVID-19, el Ministerio aprobó en marzo el proyecto de trazado para aumentar la capacidad de la Autovía de Castilla (A-62) entre Simancas y Tordesillas (Valladolid) que requerirá 131,8 millones y sacó en verano a información pública el de Dueñas (Palencia) a Cigales. También en junio obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable al tramo Ágreda-Tudela, de la Autovía de Navarra (A-15).
Además, el 18 de junio el Ministerio licitó la redacción del proyecto de urbanización de la plataforma intermodal Torneros-Grulleros en León, por un importe de 304.920 euros. Ya en noviembre aprobó provisionalmente el documento técnico para actualizar la evaluación ambiental del tramo Villanubla-Santas Martas de la Autovía León-Valladolid (A-60) y en el último mes aprobó provisionalmente y sometió a información pública el proyecto de trazado del tramo Fuensaúco-Villar del Campo, de la A-15.
Ferrocarril
Por otra parte, el 6 de octubre se puso en servicio del nuevo tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería de la Alta Velocidad a Galicia. Esta infraestructura, de 110 kilómetros y 898 millones de euros de inversión, permite velocidades máximas de 300 kilómetros por hora. Además, continúan los trabajos en la nueva estación de ‘Sanabria Alta Velocidad’, que se espera tener disponible en breve.
Además se despejó el inicio de las pruebas en 2021 de la Variante de Pajares, al finalizar el montaje de vía en placa en el eje central. En total, se instalaron 49,2 kilómetros de vía en placa, 24,6en cada uno de los dos tubos paralelos, por lo que ya se trabaja en la finalización de los trabajos de vía la soldadura y homogeneización del carril, así como el tendido del tercer carril en la vía Este. También a finales de octubre comenzaron las pruebas sobre la plataforma del AVE entre Venta de Baños (Palencia) y Burgos.
Factura del COVID
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente sentó las bases para la elaboración del nuevo Plan de Carreteras de Castilla y León y del mapa del transporte terrestre, que dará paso a un modelo que se ha visto sorprendido por la llegada de la pandemia. Sin grandes inversiones y concentrada en la conservación de carreteras, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones centró desde primera su actividad en la contratación de suministros del COVID.
En relación al transporte de viajeros por carretera, en mayo la Junta anunció un fondo adicional de 4,18 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos sufrida por las empresas. Esta partida se suma a la cantidad prevista para cada ejercicio para mantener el equilibrio económico de las concesiones, por lo que el total para todo el ejercicio se eleva a 17,08 millones.
Un mes después, el Ejecutivo aprobó la concesión directa de una subvención de 7,68 millones a los 132 concesionarios de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para compensar el déficit de explotación y la pérdida de ingresos producida durante la situación creada por la COVID-19.
En materia de vivienda, la Junta convocó a principios de mayo ayudas al alquiler con un presupuesto de 5,4 millones, para la adjudicación directa a personas arrendatarias de una vivienda habitual que, como consecuencia de la pandemia tuvieran problemas transitorios para atender al pago total o parcial de la renta, o para hacer frente a la devolución total o parcial de las ayudas transitorias de financiación del Estado.
También en el apartado de vivienda, el Ejecutivo estima en 5,12 millones el impacto económico de las medidas aprobadas sobre el alquiler -398.280 euros- y la hipoteca de las viviendas protegidas de promoción pública de la Comunidad -4,72 millones-, que finalizaron en junio y de las que se beneficiaron un total de 7.128 familias. Además, los beneficiarios tendrán que afrontar a partir de agosto, de forma aplazada y sin intereses, el pago del 50 de la renta de alquiler no abonada desde marzo y la totalidad de las cuotas de amortización.
Finalmente, la Consejería también licitó la elaboración de la futura Estrategia Logística de Castilla y León, impulsó la firma de convenios con las nueve diputaciones provinciales por 4,2 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en el medio rural y comprometió más de ocho millones para la reforma y gestión de la estación de autobuses de León durante 20 años. También incrementó de 15,3 a 20,3 millones el presupuesto de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2020.