La Consejería de Educación anunció el pasado 13 de marzo la suspensión de la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los centros de todos los niveles educativos de Castilla y León como medida de contención de la transmisión del virus COVID-19. La aplicación era desde el lunes 16 de marzo -unos días antes de la declaración del estado de alarma- y hasta, en principio, el 27 de marzo, aunque finalmente se prolongó durante todo el curso pasado.
Ese mismo día, la Consejería comunicó que, con el objeto de hacer efectivo el derecho a la educación, la Junta facilitaría a la comunidad educativa las herramientas necesarias para continuar con la actividad docente a distancia a través del Portal de Educación y las páginas web de los centros. Era la primera vez que ocurría esto y supuso poner a prueba el sistema educativo de la Comunidad. No en vano, afectó a cerca de 348.000 alumnos y 34.000 docentes, repartidos en casi 1.900 centros. Una situación que también atañó a las universidades de Castilla y León y a todo su alumnado.
La consejera Rocío Lucas confirmó el 23 de marzo que la Junta iba a proceder al cierre de todos los centros educativos para el personal docente, administrativo y de servicios por la crisis sanitaria, tras comprobar que la formación no presencial había funcionado "de manera adecuada" y había "garantía de que continuará en un futuro". No en vano, recordó que el sistema educativo no universitario en la Comunidad contaba, en ese momento, con cerca de 800 aulas virtuales.
Alumnos y, sobre todo, profesores comenzaron a familiarizarse, a marchas forzadas, con las herramientas informáticas como videoconferencias, la utilización de las plataformas ‘Teams’ -creada por Microsoft para desarrollar trabajo colaborativo- y ‘Sharepoint’ y ‘OneDrive’ para almacenar y compartir archivos y el uso de las herramientas de MS Office 365.
Los primeros días y semanas hubo algunos problemas de acceso, tanto de profesores como de alumnos, en el Portal de Educación, al triplicarse las entradas, que pasaron de tres a nueve millones a la semana, además de concentrarse en la misma franja horaria de mañana. Menos de dos meses después de tomar esa decisión, Lucas compareció el 8 de mayo en las Cortes para explicar las actuaciones de la Consejería de Educación en relación al coronavirus y allí subrayó que no parecía “factible” el regreso a las aulas antes de finales del curso escolar, dadas las circunstancias sanitarias en las que se encontraba entonces la Comunidad. “Solo será cuando sea posible garantizar la seguridad de alumnos y docentes”, sentenció. En ese sentido, al igual que no se movieron las vacaciones de Semana Santa, también se descartó alargar las clases más allá de finales de junio, por lo que se mantuvo el calendario escolar.
Durante esos meses con los centros cerrados por la elevada incidencia del COVID-19, la Consejería prestó especial atención a los centros con un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, los que tenían una alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla, al ser estudiantes con dificultades de acceder a los contenidos colgados en la plataforma digital. "Hay que evitar una brecha entre ese alumnado", aseveró la consejera. Es por ello que la administración autonómica repartió cerca de 4.500 tarjetas SIM de datos para que alumnos con dificultades para acceder a internet pudieran seguir la docencia ‘on line’ en sus hogares. Además, en casos puntuales, el centro les prestó ordenadores o tabletas.
No dar el curso por "perdido"
La Junta quiso lanzar el mensaje a la comunidad educativa de que, “ninguna manera”, se iba a dar el curso por “perdido” sino “todo lo contrario”. Eso, sí se apostó por adaptar el tercer trimestre y su evaluación a la situación excepcional. Por ese motivo, se priorizó la consolidación de los contenidos que se impartieron de manera presencial (65 por ciento del curso), sin dejar de avanzar en la adquisición de competencias básicas establecidas para cada etapa y materia. Es Por lo tanto, en la línea de la orden del Ministerio de Educación, la tercera evaluación fue "diagnóstica" y "formativa". "Queremos que este último trimestre no reste a los anteriores trimestres", precisó la consejera, además de recordar que la materia que no se impartiera el curso pasado se incluiría en la programación del próximo. Por lo tanto, el aprobado fue la "regla general" y la repetición, "la excepción", aunque nunca se habló de una aprobado general.
Una vez superada la primera ola, la Junta defendió que el curso escolar 2020-2021 debía comenzar cien por cien de forma presencial, lo que obligaba a la adopción de medidas obligatorias en los centros como el uso obligatorio de la mascarilla a los alumnos de más de seis años, la distancia mínima de 1,5 metros en la clase y la rebaja de la ratio de estudiantes por aula.
1.300 profesores contratados
Los grupos máximos de clases se fijaron en 22 niños en Infantil y Primero de Primaria y 25 estudiantes en el resto de la etapa, por lo que se contrataron 1.300 docentes, de los que el 75 por ciento está en la educación pública y el resto para la concertada. Un aumento de la plantilla que supondrá para el curso 202-2021 un gasto adicional de 47,6 millones de euros, El refuerzo de las medidas de higiene y limpieza, además de la señalización para los recorridos seguros de los centros, supuso un incremento del presupuesto de más de 75 millones para el curso 2020-2021.
La falta de espacio y la imposibilidad de cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento que marcan los protocolos antiCovid obligó a tres centros de la Comunidad (IES María Moliner de Laguna de Duero, Valladolid, y las escuelas de Artes de Palencia y Segovia) a trasladar las clases de Bachillerato en horario de tarde.
Hasta el momento, se ha demostrado que el ámbito escolar es de los más seguros. Durante el primer trimestre, el número de aulas confinadas por la existencia de algún caso de Covid se ha mantenido por debajo del uno por ciento. A mediados de diciembre, había unas 40 aulas de las más de 16.000 de la Comunidad (0,25 por ciento).
Retraso de la EBAU a julio
La pandemia también obligó a retrasar a principios de julio la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), que inicialmente se iba a realizar entre el 9 y el 11 de junio. Aquí, también se acordó entre el Ministerio y las comunidades reducir el contenido curricular de la materia a examinar en la prueba. El número de alumnos matriculados en la EBAU se incrementó el curso pasado un 26,7 por ciento, al pasar de los 9.283 del curso 2018-2019, a los 11.768 del 2019-2020. El 94 por ciento de los alumnos de los cuatro distritos universitarios superó la prueba ordinaria de acceso a la universidad.
Además, en la línea de lo acordado en el Consejo Interterritorial de Educación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, Castilla y León decidió aplazar a junio de 2021 la oposiciones al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos, con 1.401 .
En el ámbito universitario, la Junta redujo las tasas el curso pasado más de un 20 por ciento, una medida que continuó en el de 2020-2021 con la congelación, con el objetivo de cumplir el compromiso de que las primeras matrículas de grados se situaran por debajo de la media nacional. La pandemia también supuso un freno para avanzar en el nuevo Mapa de Titulaciones.
Primeros puestos en PISA y TIMMS
El año, a nivel educativo, más allá del COVID-19 que lo acaparó todo, también estuvo marcado por los buenos resultados de Castilla y León en los informes internacionales, que le permitieron seguir a la cabeza de España y entre los primeros puestos de Europa.
El informe PISA situó a la Comunidad como la única autonomía española en situarse entre las tres primeras en las mismas dos materias: Matemáticas y Ciencias. En el apartado de Lectura, los alumnos se situaron en el primer puesto nacional, igual que en competencia financiera, donde además alcanzaron el quinto puesto en el ranking internacional, por encima de países como Estados Unidos o Australia. En Competencia Global, Castilla y León logró el primer lugar de España y el segundo lugar de los países de la OCDE, tan solo por detrás de Canadá y con la misma puntuación que Escocia. También, obtuvo buenos resultados en ámbitos como la convivencia escolar o la equidad educativa.
En cuanto a TIMMS, los alumnos de Cuarto de Primaria de Castilla y León lograron una puntuación de 528 en Matemáticas y 535 en Ciencias. Unas notas que permiten situar al sistema educativo de la Comunidad a la altura de Finlandia, Suecia o Noruega. Son unas puntuaciones por encima del resto de comunidades de España, de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE.