El año económico se inició con una ligera desaceleración tras ejercicios de intenso crecimiento y nuevos acuerdos del Diálogo Social en Castilla y León, los primeros del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (165 millones para el nuevo plan de empleo de 2020 se firman el 4 de febrero) con un eco de mascarillas asiáticas al fondo que termina por llegar convertido en una atronadora pandemia a Europa y España. Una nueva realidad que casi paralizó por completo Castilla y León y cerró fronteras a mediados de marzo y hasta finales de junio con la declaración del estado de alarma. Sin actividad, sin consumo, la economía se desploma y las autoridades deben afrontar una crisis social y económica sin precedentes, que nada tiene que ver a la del ladrillo y bancaria de 2007.
Castilla y León cierra el año de la pandemia con un desplome histórico de su economía, nunca visto antes, que la Junta sitúa en el 10,1 por ciento, que retrotrae a la Comunidad, a niveles de 2015 (un lustro perdido), con una previsión de recuperación, en el mejor de los casos, para 2022. La incertidumbre sobre el futuro es total y se fía a la vacuna.
El empleo resiste a duras penas con los expedientes de regulación temporal, que sujetan el mercado laboral, con 163.000 parados en noviembre, lejos de los 250.000 del peor momento de la crisis anterior en 2013. Más de 200.000 trabajadores pasan por alguno de los más de 30.000 ERTE aprobados. El Diálogo Social sale horadado tras varios enfrentamientos con la nueva consejera leonesa de Ciudadanos, Carlota Amigo, que llega a la Consejería de Empleo e Industria tras abandonar el cargo Germán Barrios.
La crisis económica y social de la COVID-19 todo lo trastoca desde su explosión en marzo, la automoción sufre profundamente en un momento de reconversión profunda por la descarbonización junto a otros sectores industriales como el aeronáutico. El turismo, el comercio y, sobre todo, una hostelería a la que se obliga a cerrar de nuevo en el tramo final del año frente a la segunda ola, sufren el impacto más profundo de la crisis económica, que deja en el dique a diversos colectivos como feriantes o músicos.
Las decisiones del Gobierno regional contra la pandemia se producen de inmediato a la vez que impulsa un gran pacto para la reconstrucción que suscriben todas las fuerzas políticas y que incluye el compromiso de un plan de choque para el empleo, aunque a medida que avanzan los meses, la unidad se descompone. La oposición, encabezada por el PSOE con Luis Tudanca, critica duramente los incumplimientos de los acuerdos y que los apoyos “no llegan a las personas”, para sostener que las únicas ayudas y financiación extra llegan del Gobierno de coalición de España.
Plan de lucha
La Junta de Castilla y León anuncia seis días después de la declaración del estado de alarma que inyectará de forma inmediata, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE) y en colaboración con Iberaval, 100 millones de euros de liquidez para llegar a 3.000 empresas para que puedan proseguir con su actividad y hacer frente a la situación económica derivada del impacto de la crisis sanitaria causada por la COVID-19.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presenta ese día un paquete de medidas que incluye también el aplazamiento del pago y la liquidación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que dejará en el bolsillo de 38.000 contribuyentes un total de 42 millones de euros.
Mañueco pacta las medidas y el el 25 de marzo compromete en el Consejo del Diálogo Social un plan de 220 millones para proteger el empleo, a entre 30.000 y 40.000 autónomos, a empresas y familias ante la emergencia sanitaria. Los agentes sociales aplauden el compromiso de programa que incluye seis millones en complementos salariales para trabajadores afectados por ERTe, línea que después generará duros enfrentamientos, sobre denuncias de incumplimientos.
El Consejo de Gobierno aprueba el 16 de abril, un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto social y económico del COVID-19. La norma con rango de ley tiene un impacto económico directo de 121,5 millones de euros y permitirá agilizar la concesión directa de subvenciones para atender las necesidades de empresas y ciudadanos en esta primera fase de la crisis. Las Cortes convalidan el 24 de abril con el votó unánime del pleno el decreto.
Todo parece marchar bien dentro de las complicaciones por la COVID, pero el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, responsable del Diálogo Social, renuncia a su cargo el 25 de mayo, por diferencias irreconciliables con el vicepresidente Francisco Igea. La leonesa Carlota Amigo, portavoz de Cs en las Cortes, será la nueva consejera de Empleo e Industria. Toma posesión el día 29.
Amigo llega con propuestas de renovación del Diálogo Social, con la introducción de nuevos interlocutores, y plantea crear cinco comisiones especializadas para el estudio e impulso de materias específicas objeto de negociación. CCOO, UGT y Cecale rechazan la propuesta y trasladan a Amigo que si quiere hablar con otras organizaciones existen otros foros adecuados de representación institucional.
La confrontación se recrudece en el arranque de julio, cuando se publican las bases reguladoras de las ayudas por los ERTE que “no son las acordadas con los sindicatos y la patronal” en el marco del Diálogo Social y suponen la exclusión de más de 40.000 trabajadores por cuenta propia y autónomos. Las partidas no son ampliables como pedían los agentes sindicales ni se permiten a empresas de más de 250 trabajadores.
Días atrás, el 17 de junio, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, suscriben un histórico Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en la comunidad con los portavoces parlamentarios del PSOE, Luis Tudanca, del PP, Raúl de la Hoz, de Ciudadanos, David Castaño, de Podemos, Pablo Fernández, y de Por Ávila, Pedro José Pascual. Este documento incluye el compromiso de aprobar un plan de choque por el empleo, que los sindicatos quieren aprovechar para que la Juna reconduzca, sus “incumplimientos” en complementos a ERTEs
La Junta y los agentes del Diálogo Social firman el 11 de noviembre, el plan de choque por el empleo dotado con 82 millones de euros para 27 líneas, con una preferente de 21,4 millones para turismo y hostelería, de ellos cinco para la recuperación de la actividad, que se complementará con un convenio con Iberaval para facilitar créditos y liquidez al sector. Cinco millones irán para los ERTE, una cifra que sigue siendo “totalmente insuficiente”, según los sindicatos y deja fuer a 36.000 personas. Mañueco afirma que el Diálogo Social está más vivo que nunca y los agentes laborales prosiguen con sus críticas a los incumplimientos los días siguientes.
Los sindicatos no abandonan sus pretensiones, y esperan que se haga caso a sus demandas en el próximo plan de empleo. CCOO, UGT y Cecale deben negociar con la Junta una nueva estrategia integrada de empleo y un nuevo acuerdo marco industrial dentro del proceso de concertación.
El IV Acuerdo Marco de Competitividad de Castilla y León pivotará sobre el aprovechamiento de los fondos europeos de Nueva Generación para ahondar en el cambio de modelo productivo en la Comunidad, que se estructurará en diez ejes sobre los objetivos de la UE de la digitalización, la economía verde y la cohesión económica, social y territorial. Junta y agentes sociales se reúnen el 28 de octubre para constituir la mesa negociadora y sentar los cimientos de un documento muy reivindicado desde patronal y sindicatos.
La constitución de las nuevas mesas para la estrategia de empleo generan nuevas críticas a la consejera Amigo. CCOO, UGT y Cecale denuncian a finales de noviembre el inicio de la constitución de las mesas para la III Estrategia de Empleo, FP, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación, con la ausencia de la consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, una situación que califican de “inédita” desde que el Estatuto de Autonomía establece el Diálogo Social como el ámbito de concertación social, y que a su juicio “pone en riesgo el sistema que ha permitido consensuar las políticas públicas que han hecho de esta Comunidad un ejemplo a seguir”.
Sectores
La parálisis del consumo afecta de forma global a la economía aunque la suerte es dispar en los dos grandes sectores industriales de Castilla y León, la automoción, muy tocada, y la agroalimentación y su sustento, el sector primario, que resisten mejor, aunque con matices ante los subsectores dependientes del canal Horeca.
El primero se enfrenta a una situación de grave crisis por su carácter exportador, con la recesión mundial y el cierre de fronteras, junto al proceso de descarbonización y la reconversión hacia la movilidad sostenible. Iveco y Renault exigen medidas en sus convenios lo que genera enfrentamientos con los sindicatos. La agroalimentación y el sector primario, con matices, resisten mejor ante las necesidades de abastecimiento, como sectores estratégicos que no cierran.
Los sectores más afectados convocan numerosas manifestaciones en los meses finales del año, noviembre principalmente, con las nuevas restricciones y se enfrentan a los responsables públicos por sus decisiones. Si llaman los hosteleros a concentrarse también responden los otros afectados, desde agencias de viajes a gimnasios. El sector reclama una y otra vez que les dejen trabajar y ayudas directas para poder sobrevivir y el Ejecutivo regional exige un plan global del Estado, para el que compromete el 35 por ciento de los fondos.
Cabe destacar también el impacto de la situación sobre la industria aeronáutica, que representa la burgalesa Aciturri, que requiere de ajustes en la plantilla por la caída de la producción. La marca cierra en el inicio de octubre un acuerdo que supone una extinción de 148 contratos a 148 frente a los 271 planteados inicialmente en todas sus plantas, y se compromete a recolocar al 75 por ciento de los afectados.
Automoción
El Gobierno pone en marcha a mediados de junio un nuevo Plan Renove para impulsar la compra de vehículos, ante el desplome generalizado de las ventas. El 16 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en el Complejo de La Moncloa el plan de automoción dotado con un presupuesto de 3.750 millones de euros, que persigue “promover la estabilidad y el impulso en el sector". La mesa de la automoción se constituye tras una petición conjunta de Castilla y León, País Vasco, Cataluña, Galicia, Valencia, Aragón, Navarra y Madrid el 29 de ese mes. Los sindicatos exigen reducción de impuestos y ayudas suculentas para evitar posibles deslocalizaciones.
Renault sufre como todo el sector la pandemia y aunque hay noticias positivas en mayo pese a los ERTE, como el inicio de la fabricación del Captur híbrido enchufable en la factoría de la marca del rombo en Valladolid, al final del ejercicio llega la confrontación con los sindicatos por el nuevo convenio. El director general de la compañía Luca de Meo, advierte de que la extensión del nuevo plan industrial de Renault para Valladolid y Palencia dependerá de la competitividad que se consiga en la negociación del nuevo convenio de la compañía. Los representantes de los trabajadores se enrocan y presentan una plataforma conjunta inasumible para la empresa que supondría elevar la masa salarial un 56 por ciento y se niegan a negociar sin garantías previas de más carga de trabajo.
Iveco tampoco aguanta y comunica el 9 de junio a los trabajadores su intención de negociar un expediente de extinción de empleo al caer la producción más del 50 por ciento, y se empiezan a buscar nuevas alternativas con los representantes de los trabajadores. Finalmente, se suscribe un nuevo ERTE y se cierra a mediados de julio un nuevo convenio con congelación salarial para un año, para garantizar el empleo en 2020.
El director de Operaciones Industriales de Nissan Motor Ibérica (NMI) en Ávila, Javier Novo, expresa en septiembre a la Junta el compromiso de la multinacional japonesa con el proceso de transformación de la planta abulense, pese a las dificultades de la actual situación económica derivada de la pandemia.
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