LIBERA! instará a los partidos de la oposición a realizar pregunta sobre la procedencia de los fondos públicos destinados a subvencionar la ingente cantidad (326.000 euros) concedida nominativamente a la Fundación Toro de Lidia, sin previa habilitación presupuestaria.
La subvención a la Fundación supone un gravísimo agravio a las subvenciones concedidas al resto de sectores, familias y empresas en régimen de concesión directa mediante presentación de proyecto o justificación y por orden de presentación.
La Consejera ha fundamentado en razones de interés público, la aportación concedida a una entidad que ni siquiera tiene su domicilio en Castilla y León, y cuyo único fin es promocionar y mantener con vida una actividad violenta, herida de muerte y que necesita indefectiblemente el respirador del dinero público para subsistir.
Todo ello ocurre en plena pandemia, cuando la mayoría de los sectores del tejido laboral, familiar, solidario, cultural y empresarial languidecen por efecto del Covid19, a lo que hay que añadir la carencia sanitaria de nuestra comunidad, cuando falta personal cualificado y reactivos para determinar los resultados de las pruebas PCR en ciudades como Salamanca.
LIBERA! solicitó ayudas directas para ayudar a quienes ayudan; protectoras de animales y clínicas veterinarias debidamente registradas, que en plena pandemia continuaban trabajando para intentar dar cobertura a la responsabilidad que sí elude la Junta: el abandono y el maltrato animal. El abandono de animales, se ha disparado en CyL tras el final del estado de alarma sin que la Junta de Castilla y León haya movido un dedo para paliar este desastre, pero sí ha subvencionado al sector de las ganaderías de lidia con 1.1000.000 euros.
Los animalistas recuerdan que en cualquier caso, no podrán formar parte del público en las actividades violentas que ponga en marcha la Junta, los menores de 18 años debido a la recomendación de la ONU de prohibir la participación activa y pasiva de los menores en los eventos taurinos, pues de no ser así, la Junta estaría contraviniendo un Tratado Internacional ratificado por España.