FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno en funciones que siga el ejemplo de Portugal y baje el IVA que se aplica a la factura eléctrica de los consumidores domésticos. La bajada del 21 al 4% que reivindica la asociación ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales, de acuerdo con un análisis realizado que toma como referencia las tarifas de los últimos doce meses con la aplicación de los impuestos indirectos vigentes en la actualidad y la bajada de casi 18 puntos porcentuales que representaría la aplicación del IVA superreducido.
FACUA considera absolutamente desproporcionada la carga impositiva que soporta en la actualidad un bien esencial como es la electricidad, mucho más considerando la escalada de precios que sufre este suministro desde hace años. La asociación recuerda que abril finalizó con una subida interanual del 4,5% en el recibo de la luz del usuario medio (que tiene una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales con la tarifa semirregulada, PVPC). En cuanto al precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad, se ha encarecido un 6,2% con respecto al de abril del año pasado. Así, ha pasado de 13,86 a 14,76 céntimos (impuestos indirectos incluidos).
Según los análisis de FACUA, la factura eléctrica del usuario medio se ha encarecido en un 85,7% en los últimos 15 años, nada menos que 37,26 euros mensuales -tomando como referencia las tarifas semirreguladas de agosto de 2003 y 2018-.
Portugal ha aprobado recientemente bajar el IVA aplicado a la factura de la luz a partir del 1 de junio. Así, este impuesto pasará del 23% actual (uno de los más caros de la UE) al 6% para determinados perfiles de consumidores. Portugal sigue los pasos de Bélgica, que hace cuatro años también rebajó el IVA que se aplica a la electricidad en este país al 6%. En la actualidad, el IVA más bajo lo aplica Reino Unido, donde está en el 5%.
Qué dice la directiva del IVA
Para poner en marcha una bajada del IVA sólo es necesario comunicarlo a la Comisión Europea, que sólo puede oponerse en el plazo de tres meses si verifica que la medida implica riesgo de distorsión de la competencia.
En su artículo 102, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, establece que "los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia".
Si un Estado miembro pretende aplicar un tipo reducido de IVA, "lo pondrá previamente en conocimiento de la Comisión", según indica el citado artículo de la directiva. "La Comisión se pronunciará acerca de la existencia de riesgo de distorsión de la competencia. Si la Comisión no se pronuncia a los tres meses de la recepción de la información, se entenderá que no existe riesgo alguno".
Reivindicaciones en materia tarifaria
La asociación espera que tras su victoria electoral del pasado 28 de abril, Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfrentándose a los abusos de las grandes empresas, entre las que destacan especialmente las energéticas.
FACUA advierte de que el programa electoral del PSOE tiene demasiadas ambigüedades en sus compromisos en materia de política energética. En este sentido, reclama medidas claras y contundentes para acabar con los abusos tarifarios de las grandes compañías energéticas, de manera que se emprenda una intervención del sector mediante el establecimiento de tarifas reguladas por el Gobierno para la gran mayoría de consumidores domésticos.
Así, FACUA propone la creación de una tarifa totalmente regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de la asociación pone de manifiesto que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.