La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno que lleve la reforma de la educación a la mesa sectorial y que concrete la financiación necesaria para cumplir con el plan de refuerzo anunciado en Educación y el destino de estos fondos.
CSIF, que estará presente en la reunión de este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, con el Consejo Escolar del Estado, valora positivamente que el Ejecutiva reconozca "por fin" las necesidades del sistema educativo con su plan de refuerzo en Matemáticas y Comprensión Lectora, pero considera que deben de ir acompañadas de reformas estructurales y un Pacto de Estado "que estabilice el sistema educativo, potencie la figura y la autoridad del profesorado en un Estatuto Docente, reduzca el número de alumnos por aula y aumente las plantillas e incremente la financiación".
Para CSIF, es necesario que el Ministerio "muestre liderazgo tanto en el reparto como en el control de la inversión educativa para evitar la falta de transparencia sobre el destino de los fondos europeos".
Esta inversión, según reclama el sindicato, se debe traducir en una mejora en la calidad de la enseñanza en las aulas para resolver los problemas que persisten en la Educación desde hace más de tres décadas: bajo nivel educativo, fracaso y abandono escolar temprano y paro juvenil, así como diferencias entre comunidades autónomas.
Asimismo, el Ministerio de Educación debe avanzar en una de sus competencias directas: el prometido Estatuto Docente, que tiene que ponerse en marcha con urgencia tal y como se contempla en la nueva ley educativa.
"Consideramos que no se cumplirán los objetivos si no se apoya al profesorado con una regulación que le refuerce en sus funciones, le otorgue la autoridad y jerarquía necesarias para aplicar estas reformas y le proporcione mejores competencias a la hora de realizar su trabajo, como eliminar la burocracia innecesaria", precisa CSIF, que considera que "es esencial una ley orgánica de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas".
Respecto a la prohibición de móviles en las aulas, CSIF reclama una regulación clara sobre el uso de estos dispositivos en los centros educativos y el refuerzo de la autoridad de los profesores.
Según un estudio de CSIF, realizado mediante cuestionarios a más de 3.000 docentes que trabajan en centros públicos de Enseñanza Primaria y Secundaria de todas las comunidades autónomas, el 91% de los profesores denuncia problemas de convivencia: una mayoría de ellos por el mal uso del móvil y las redes sociales.
El sindicato reclama al Gobierno que consulte con el profesorado las medidas que quiere implantar, así como instrucciones concretas y homogeneidad en todas las comunidades autónomas, "sin dejar que todo el peso caiga en el profesorado a la hora de tomar decisiones".