El BOCyL publicará mañana la convocatoria que concede a los interesados un mes de plazo para presentar las solicitudes, desde el miércoles 8 de mayo hasta el viernes 7 de junio. El periodo subvencionable será de doce meses, de enero a diciembre de 2019.
Esta convocatoria continúa dando prioridad a los colectivos más vulnerables como son las personas y unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM, al no requerir un mínimo de ingresos. Estas ayudas van dirigidas tanto a personas solas como a unidades de convivencia, es decir, aquel conjunto de personas que habita en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad.
La Orden mantiene las tres novedades que se introdujeron el año pasado: la primera, se incrementa el límite máximo de ingresos llegando a tres veces el IPREM, frente a las 2,5 veces de convocatorias anteriores; la segunda, se incrementa el porcentaje de subvención hasta el 50 % para jóvenes menores de 35 años y para mayores de 65, diez puntos por encima del porcentaje de subvención general que se mantiene en el 40 %
Por último, este año se mantiene también el límite de renta máxima permitida para poder optar a la subvención que, dependiendo de las zonas en Castilla y León, oscila entre los 500 y 375 euros al mes, ligeramente superior al tope fijado hasta 2017 de 475 y 350 euros respectivamente.
Como en años anteriores, se permiten los cambios de domicilio dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León durante la tramitación de la solicitud y no solo cuando se adquiera la condición de beneficiario. El periodo subvencionable será de 12 meses, desde enero a diciembre de 2019.
Ayudas 2018: aportación adicional de 3,3 millones de euros
La Junta de Castilla y León ha destinado, de forma extraordinaria, una aportación adicional de 3,3 millones de euros para el pago de ayudas a las últimas 2.000 familias que han acreditado el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, quienes lo recibirán antes del verano, con lo que, por tercer año consecutivo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha atendido a todos los solicitantes que cumplen los requisitos.
De esta forma, el importe destinado a ayudas al alquiler en la convocatoria de 2018 ascenderá a casi 18,6 millones de euros, un 21 % más de lo previsto inicialmente, ayudando a un total de 11.933 familias.
El número de solicitantes en esta última convocatoria que cumplían las condiciones fue de 13.187; de ellos resultaron beneficiarios iniciales 9.310 familias, quedando en lista de espera 3.877 solicitantes. De los beneficiarios iniciales, acreditaron los requisitos necesarios un total de 8.454 familias, que ya recibieron el pago de sus ayudas durante el mes de marzo, por un importe de 12.820.125 euros. En las próximas semanas recibirán el pago de sus ayudas 1.460 familias de la lista de espera, por un importe de 2.384.574 euros, agotando así los 15,3 millones que se habían presupuestado inicialmente en la convocatoria. Para abonar las ayudas a las restantes familias beneficiarias la Junta ha tenido que destinar 3,3 millones de forma extraordinaria.
Más de 50 millones y 37.000 beneficiarios
La convocatoria de ayudas al alquiler correspondiente a 2019 es la segunda enmarcada en el Plan Estatal de Fomento 2018-2021, que contempla una financiación de 102 millones de euros, 78 de ellos procedentes del Estado y 24 millones directamente de los presupuestos de la Comunidad.
Desde el año 2014 hasta hoy, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dedicado 50,7 millones de euros a estas subvenciones, que han ayudado a 37.112 beneficiarios. La presente legislatura comenzó con una convocatoria extraordinaria, en octubre de 2015, que dispuso de una línea de financiación de cinco millones de euros de los Presupuestos Generales de la Comunidad y daba preferencia, en aquel momento, a quienes estuvieran incursos en un procedimiento judicial de resolución de su contrato de arrendamiento por impago de rentas y ayudar así a aquellas personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda. La convocatoria benefició a 3.473 solicitantes y fue la primera que eliminó el requisito de tener al menos unos ingresos de 1 IPREM -532,51 euros mensuales, en cómputo anual con catorce pagas-, pudiendo desde esta convocatoria concurrir a las ayudas quien tenga ingresos inferiores.
Los criterios de valoración a partir de entonces han dado preferencia a quienes tuvieran menos ingresos, a familias con mayor número de miembros y en caso de empate a aquellas con mayor número de menores de 16 años.
Los resultados de las sucesivas convocatorias han ido mejorando paulatinamente: la convocatoria de 2018 destinó finalmente 18,6 millones de euros, con 11.933 beneficiarios y una ayuda media de 1.516 euros por familia; la de 2017 mejoró respecto a la anterior de 2016: aumentó la cuantía de las ayudas un 44 % pasando de 10,1 millones en 2016 a 14,6 en 2017; aumentó el número de beneficiarios atendidos, de 8.262 a 11.118; y aumentó la cuantía media de las ayudas, de 1.228 euros a 1.320; y mejoraron también los plazos de resolución, en 2016 las ayudas iniciales se abonaron en febrero y marzo y la lista de espera en junio, y en 2017 se pagaron las primeras a principios de febrero y los últimos beneficiarios las percibieron en mayo.
El fomento del alquiler es uno de los ejes prioritarios sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura, por entender que, frente a la compra, soluciona el problema de acceso a la vivienda y es lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de las familias en determinados momentos, centrándose en la ayuda a las personas y familias más desfavorecidas, concretado en el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler, con un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas como se ha materializado con la resolución de las sucesivas convocatorias.
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