El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo,ha presentado el Proyecto de Ley que determina que, en determinados supuestosexcepcionales de Emergencia de Salud Pública debidamente declarada, sehabiliten mecanismos adicionales para atender a los gastos derivadosdirectamente de esa situación, así como otros que deban seguir atendiéndosepara la correcta prestación de servicios por parte de la Administración.
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha puesto demanifiesto la necesidad de afrontar importantes gastos inicialmente noprevistos para la Comunidad y cuya realización es absolutamente necesaria paragarantizar la adecuada asistencia sanitaria a aquellos afectados por laenfermedad. También ha sido necesario garantizar la prestación de losprincipales servicios públicos, cuyas condiciones de exigencia se han vistoincrementadas y, finalmente, para dar respuesta a situaciones económicas ysociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por lasconsecuencias de la crisis.
El Proyecto de Ley tiene un único artículo que modifica elartículo 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del SectorPúblico de la Comunidad de Castilla y León, añadiendo un nuevo apartado, en elque se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiargastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectosderivados de la misma.
Así, se establece que el remanente de tesorería estarádestinado preferentemente a la reducción del nivel de deuda de la Comunidad, oa la financiación de gastos que no afecten a la capacidad o necesidad definanciación de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales yautonómicas.
La crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ha puesto demanifiesto una nueva realidad ante la cual ha sido necesario hacer frente a unimportante número de gastos no previstos inicialmente por parte de ningunaadministración, como ha sido el caso de la de Castilla y León.
Además, este Proyecto de Ley es todavía más necesario antela insuficiencia de recursos procedentes del Gobierno de España hacia Castillay León, que ha recortado los criterios iniciales de reparto para sanidad yservicios sociales del fondo no reembolsable constituido por el Gobierno. Estosrecortes perjudican a comunidades como Castilla y León que han tenido una mayorincidencia de la pandemia, cuentan con una mayor dispersión territorial y unmayor porcentaje de población mayor de 65 años.
Por ello, desde el punto de vista del régimen presupuestariode las administraciones, se considera necesario establecer mecanismos quegaranticen la máxima flexibilidad para atender los gastos que deriven desituaciones de Emergencia de Salud Pública como la vivida actualmente.