El Procurador del Común está tramitando una actuación deoficio que inició el 5 de agosto de 2020, con relación al comienzo del cursoescolar 2020/2021, manteniéndose a la espera del informe que ha solicitado a laConsejería de Educación para adoptar una postura al respecto.
Asimismo, en estos días, se están acumulado grupos de quejaspresentadas por los ciudadanos con relación a la misma cuestión, a través delas cuales se viene pidiendo que la actividad educativa se inicie de forma nopresencial, el aumento de profesorado para hacer frente a las necesidades querequerirá la actividad docente si los alumnos han de acudir a los centroseducativos, la implantación de la jornada continua con carácter generalizadopara minimizar más los riesgos de contagio de la COVID-19, o bien, con uncarácter más genérico, la concreción de medidas que realmente resultenefectivas para iniciar el curso en los centros educativos con las máximasgarantías.
Según el calendario escolar del curso 2020/2021, su iniciotendrá lugar el próximo 9 de septiembre, en el marco de la situaciónextraordinaria marcada por la pandemia de la COVID-19. Los alarmantes rebrotesde la enfermedad que están surgiendo cada día en este mes de agosto, así comoque los centros educativos son espacios cerrados en los que se concentrará unelevado número de personas durante un considerable número de horas, obligan aponer la máxima atención en las medidas que deben ser adoptadas, para que sepueda iniciar la actividad lectiva el próximo mes de septiembre.
La Consejería de Educación cuenta con un Protocolo deprevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros deCastilla y León para el curso 2020/2021, no obstante, desde diversos ámbitos(familias, profesorado, sindicatos, etc.), se está cuestionando lasposibilidades de iniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todotipo de incertidumbres en consideración al contenido del Protocolo.
La necesidad de que se dote a los centros educativos deprofesorado de refuerzo y de personal de limpieza suficiente, las excesivasratios de alumnos establecidas para espacios cerrados (aulas, comedores, baños,patios, medios de transporte, etc.), las dificultades en muchos casos paraampliar los espacios destinados a aulas que permitan asegurar las distancias,la máxima implicación y responsabilidad del profesorado en tareas que no sonlas propiamente docentes, la seguridad de las personas especialmente vulnerablesque convivan o que puedan estar en contacto con los alumnos y el resto de losmiembros de la comunidad educativa, la escasa madurez y autonomía de los niños máspequeños en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias que han de ser adoptadas,las medidas que habrían de ser tomadas en el caso de que se detecte un posiblecaso de afectado por la enfermedad en un centro educativo, etc., son motivo deuna razonable preocupación.
Con todo, lo cierto es que el establecimiento de laactividad educativa presencial en los términos que por el momento prevé laAdministración, plantea la necesidad de revisar todas las medidas dispuestas alefecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general.
La actuación de oficio del Procurador del Común, a la esperadel informe que ha solicitado a la Consejería de Educación, así como de laevolución de los acontecimientos y de las medidas que están siendo revisadaspor las Administraciones implicadas, concluirá con la correspondienteresolución.