Así lo ha indicado este jueves en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que asegura que en Castilla y León, los datos oficiales que se estaban manejando para los fallecidos durante los meses de marzo y abril no alcanzaban los 1.800, mientras que, de acuerdo con las certificaciones expedidas y solicitadas por el TSJCyL a los registros civiles del territorio, estos datos ascienden a 3.672 muertes con causas compatibles con COVID-19 y que, por tanto, "excede en más del doble las cifras oficiales".
Según ha explicado, lo que le llamó la atención fue que dos o tres semanas después de suspender las actuaciones judiciales el pasado 13 de marzo, una de las principales actividades de los órganos judiciales era precisamente la atención a los órganos del Registro Civil y "muy especialmente" la recepción que ellos hacen de las certificaciones médicas de fallecimiento, así como la expedición de licencias y autorizaciones de enterramiento.
Además, Concepción h asegurado que algunos jueces le trasladaron las dificultades que estaban teniendo para tramitarlas por la falta de referencia específica de la causa de la muerte, lo que le preocupó "sobremanera" tanto por las precipitaciones del momento como del gran trabajo acumulado.
En atención a estas circunstancias, pidió que se certificara el número de fallecimientos en marzo y abril y solicitó un trabajo "exhaustivo" a los servicios forenses, a quienes ha felicitado por su labor.
"Era un deber que les debíamos a los españoles que frente a la magnitud de la desgracia que estamos padeciendo. Tienen derecho a saber la verdad al menos", ha apostillado.
REACTIVACIÓN DE ACTIVIDAD JUDICIAL
Por otro lado, en relación a la reactivación de la actividad judicial, ha tachado de "muy paradójico" que hace tres semanas se haya permitido ya que los profesionales del derecho presenten escritos en los órganos judiciales mientras que las plantillas de estos se encuentren reducidas a un porcentaje "ínfimo".
En este sentido, ha recordado que tanto las actividades como los plazos judiciales se encuentran suspendidos hasta que no se levante el estado de alarma mientras los escritos "inundan" los órganos judiciales, lo que, según ha advertido, podría producir un "colapso importante".
Por ello, el TSJCyL ha solicitado que se adecuen a la realidad los medios materiales y personales en los juzgados y que se permita dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.
En último lugar, en una reflexión sobre las diferencias entre el estado de alarma y el de excepción, Concepción ha aseverado que "el estado de alarma permite limitar derechos pero no suspenderlos, y los españoles tienen suspendidos algunos derechos fundamentales".
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