Casi a finales de año, y como si de una inocentada se tratase, el 28 de diciembre se promulgaba el Real Decreto-ley 28/2018 por el que el Gobierno asegurará que las empresas, instituciones o centros de formación den de alta en la Seguridad Social a quienes estén desarrollando prácticas no laborales, según recogía la quinta disposición.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado un día después, no fue hasta el año nuevo cuando la Conferencia de Rectores de Universidades se pronunció, lamentando que dicha ley había sido promulgada sin hablar con ellos y que se podía reducir la oferta de prácticas, al ser las empresas según normativa quienes tendrían que afrontar dicho coste.
Pasado el vendaval, ahora ha llegado el momento de la calma. Y el Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas acordaron el pasado miércoles que la cotización de las prácticas externas universitarias no será obligatoria antes del próximo curso académico 2019-2020.
Fue tras una reunión en la que estuvieron presentes el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la CRUE y, además de este acuerdo, "se han expuesto los argumentos del Gobierno y de las universidades, y CRUE ha compartido con el Gobierno el espíritu de la norma y los aspectos de la citada disposición que deben ser objeto de regulación", y que tiene un plazo de tres meses para su desarrollo reglamentario.
Algo de lo que también se congratula la directora del Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la Universidad de Salamanca, Mili Pizarro. Según explicaba en una conversación para este periódico, este retraso en la aplicación de la ley es “positivo” porque permitirá a las universidades, a través de la CRUE, negociar con ambos Ministerios e ir fijando unos objetivos en común.
El Vicerrectorado encargado de las prácticas es el de Política Académica y Participación Social (con Enrique Cabero a la cabeza), y Mili Pizarro no duda en asegurar que es él el que está pendiente de todas las negociaciones para saber cómo afectará finalmente a los estudiantes de la USAL (que el año pasado tuvo a más de 7.200 alumnos cursando prácticas, tanto curriculares como extracurriculares).
“Urge el desarrollo de la normativa para que esta sea positiva para las universidades y para los estudiantes”
Mili Pizarro también habló de la urgencia que surge ahora, que no es otra que “el desarrollo de la normativa”. Según cree, las negociaciones tienen que llegar hasta un puerto para que dicha ley “sean lo más positiva para universidades y para los estudiantes”, y reitera la necesidad que hay de “escuchar a todas las partes” implicadas.
“A lo mejor antes no estaban todas las partes, y eso ahora se está solventando”, gracias al acuerdo alcanzado entre Gobierno y CRUE el pasado miércoles. Precisamente, tras la reunión, fue el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades quien expuso la intención del Gobierno de "construir los mejores acuerdos sobre esta cuestión con el objetivo único de favorecer la actividad académica de universidades y estudiantes", aseguraron fuentes gubernamentales.
"Es decir, que las primeras no soporten gastos añadidos y los segundos ganen en derechos de protección social", añadían, detallando que de la misma manera se ha emplazado al diálogo con otros sectores de la comunidad educativa (como los centros de Formación Profesional), así como a estudiar, en una próxima reunión dentro de dos semanas, un informe de CRUE sobre prácticas académicas en las distintas titulaciones.
Prácticas obligatorias en muchas carreras tras el Plan Bolonia; opción de realizarlas en todas
Porque ese es uno de los grandes problemas que afrontan ahora las universidades. Según explica la directora del SIPPE de la USAL, desde que se implantó el Plan Bolonia, el hacer prácticas curriculares es una opción que ofrecen todos los grados.
Sin embargo, en algunas carreras, como son todas las de la rama sanitaria, Magisterio o algunas de Ciencias Sociales, como Comunicación Audiovisual, estás son obligatorias”, mientras que en otros estudios apenas es una asignatura optativa no obligatoria; es decir, que los estudiantes pueden decidir si realizar las prácticas o no.
El pasado año, un total de 7.231 estudiantes de la Universidad de Salamanca realizaron las prácticas: 6.636 fueron curriculares y 595 extracurriculares. Además, como matiza Mili Pizarro, ya desde hace unos años los alumnos que realizan sus prácticas y reciben una remuneración cotizan a la Seguridad Social, si bien “en el caso de las prácticas curriculares, la empresas recibían una bonificación del 100%”, algo que no se sabe qué ocurrirá.
Lo que sí sabe es que, según sus estimaciones, el coste que tendrá cada alumno mensualmente será de 60 euros. Un coste que no se atreve a calificar de si será asumible para las empresas o no, puesto que eso dependerá de la situación de cada una.
Los rectores "agradecen" el diálogo y creen que “la intención del Gobierno es muy positiva”
Por su parte, la CRUE ha agradecido "la decisión del Gobierno de abrir un diálogo para el desarrollo de la nueva normativa" y ha valorado "muy positivamente su predisposición a que las universidades no soporten gastos añadidos por su aplicación".
En otro comunicado, la conferencia de rectores dice comprender "que la intención del Gobierno de reconocer el valor de las prácticas académicas externas de los estudiantes es muy positiva" y "celebra el acuerdo alcanzado en la reunión para que la entrada en vigor de esta Disposición no se produzca antes del comienzo del curso académico 2019-2020".
Hace apenas dos semanas, la CRUE calificó de "sorpresiva" y "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a que todas las prácticas académicas externas coticen en la Seguridad Social, y advertía de que podía suponer "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades", así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.