El Partido Popular deZamora se suma al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados parainstar al Gobierno de España con una Proposición no de Ley a que permita el usodel 100% del superávit a los ayuntamientos para la lucha contra elCoronavirus.
El Grupo Popularreclama al Ejecutivo que permita “flexibilizar la Regla de Gasto y resto dereglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del100% del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios,ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativosefectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19siempre que no supongan gastos estructurales”.
Con dicha iniciativa,firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez deToledo, los vicesecretarios del PP Antonio González Terol y Elvira Rodríguez, yel portavoz adjunto del GPP, Mario Garcés, el GPP plantea que “elsuperávit podrá destinarse a gastocorriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en laestabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan Económico Financieropara los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería paraGastos Generales”.
De igual manera,propone “autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales enáreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación…) para lapuesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o complementariasde otras autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de manera rápida,coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus ylograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayorbrevedad”.
Además, insta alEjecutivo a “prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles,financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado quela suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarmaconllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020”.
También solicita alGobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar susuperávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, como “la supresión del límite de la previsión de laestabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la funcióninterventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas apersonas vulnerables; y que no sean consideradas subvenciones las prestacioneseconómicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales apersonas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusiónsocial”.
Finalmente, exige alGobierno “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyesotorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dineropúblico que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno enconcreto”.
Asimismo, con otraProposición no de Ley, el GPP insta al Gobierno “a permitir que las entidadeslocales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el quese incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competenciasque no le son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marchapor otras administraciones para hacer frente a la pandemia”.
De igual manera,reclama al Ejecutivo que eleve “la tasa de reposición al 100% de la plantillaya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales ydisponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los serviciospúblicos (muchos de los cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisisdel COVID-19) ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y elenvejecimiento de las mismas”.
El GPP exige tambiénque se permita “levantar la suspensión de los plazos para la tramitación de losprocedimientos de las entidades del Sector Público decretada en la DisposiciónAdicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que sedeclara el estado de alarma en lo relativo a la contratación pública para nointerrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y asíagilizar la recuperación económica y del empleo tras la finalización delconfinamiento”.
Dicha propuesta sejustifica porque “permitiría a las administraciones locales seguir con susprocesos de contratación habituales sin generar retrasos en los servicios nicolapsos cuando finalice el periodo de confinamiento”.
Además, se pide alGobierno que “considere la pandemia como una situación de grave peligro, alobjeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar losservicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante latramitación de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 denoviembre, de Contratos del Sector Público”.
Finalmente, se instaal Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de lasentidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner enmarcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellasentidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedanponer en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia; a designar a lasentidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritariode políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habilitenpor el Estado dirigidos a las CCAA; y que la nueva programación de Fondos eIniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de laseconomías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatariossean las entidades locales”.