El Grupo Popular mantiene su ofensiva parlamentaria, además de la desarrollada en las calles, contra la denominada “ley Celaá” por considerar que representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado de la anterior LOE del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Con ese argumento, ha presentado una batería de propuestas en las Cortes de Castilla y León justo un día después de la aprobación de la nueva norma en el Congreso.
Sin embargo, dos días antes de que la nueva ley de educación saliera adelante, el pleno de las Cortes ya aprobó, a instancia del PP, una propuesta de resolución en la que se pidió su retirada y se dejó en la Cámara todos los puntos en los que están en contra de la "ley Celaá", con la crítica de concesiones a los independentistas.
Los populares insisten, en la nueva proposición no de ley registrada, conocida por Ical, en la falta de diálogo, consenso y transparencia en la tramitación de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o "ley Celaá", ya que entienden que se enmarca en el modelo de la anterior LOE, con tasas de abandono educativo temprano de hasta el 30 por ciento.
La critica es conocida, como expresó en el último pleno de las Cortes la procuradora popular Carmen Sánchez Bellota en la defensa de la PNL, que contó con los votos a favor de Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila. Se centra en la supresión de las libertades educativas a la hora de elegir por los padres la educación y el centro; en que se ignoran las competencias exclusivas del Estado y en la eliminación del castellano como lengua vehicular del país.
“Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias”, explica en su texto para su debate en un próximo pleno.
Entre sus nueve propuestas, demanda volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, junto con cumplir la Carta Magna, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Igualmente, pide adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación y reclama garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada.
Además, exige extender la gratuidad a las etapas postobligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
Junto a estas propuestas, introduce otras ya clásicas en sus peticiones al Gobierno, como el refuerzo de la Alta Inspección Educativa, la implantación de una prueba única de Bachillerato en España o que currículo común represente el 65 por ciento de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades sin lengua cooficial y el 55 por ciento en las que tengan lengua cooficial.
Completa el Grupo Popular su propuesta con la creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada de las comunidades autónomas y actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.
En concreto la PNL aprobada el 18 de noviembre, además de solicitar la retirada de la “ley Celaá”, aprobada al día siguiente en el Congreso, se reclamó ya la garantía para que el castellano sea la lengua vehicular en España, mantener la enseñanza concertada como complemento de la pública, conservar el derecho de los padres de menores con discapacidad a elegir su escolarización en centros educativos especiales y una única prueba de evaluación del bachillerato común a todos los estudiantes.