El Grupo Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puso de manifiesto, durante la Junta de Portavoces Extraordinaria, su “rechazo frontal” a que el Gobierno de Sánchez e Iglesias pueda incautarse los 3.389 millones de superávit municipal de 2019 más los 28.000 millones de euros de ahorros conseguidos desde el año 2012 por ayuntamientos y diputaciones. En este sentido, abogan por que sean las propias entidades locales las que, como administración más cercana a los ciudadanos, gestionen sus remanentes positivos ya que podrán destinar este dinero a las necesidades más urgentes de sus municipios.
Así lo expresaron en la videoconferencia mantenida con el resto de portavoces de los grupos políticos presentes en la FEMP, tras conocerse que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de confiscar estos ahorros municipales para hacer frente a la crisis social y económica que está provocando la pandemia del coronavirus.
En este punto, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha advertido de que, en el caso de llevarse a efecto la incautación de los ahorros municipales, este hecho supondrá “un ataque clarísimo a la línea de flotación de la autonomía municipal que recoge la Constitución”.
A su juicio, esta actuación “resultaría gravísima ya que el Gobierno estaría amparándose en esta situación excepcional del estado de alarma para vulnerar derechos constitucionales de las entidades locales”.
En la misma línea, el vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, registró en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Ejecutivo a “flexibilizar las reglas para que las Entidades Locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las CCAA y el Estado”.
Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha aseverado que “resulta mucho más eficiente que los ayuntamientos y diputaciones de España gestionen ellos mismos los 28.000 millones de euros que tienen depositados en entidades bancarias como consecuencia de haber encadenado superávit desde 2012”.
Este dinero, en opinión de Azcón, “es mucho más eficaz en manos de los alcaldes y presidentes de diputación ya que, son ellos los que están siendo la primera línea de batalla de la acción social en esta crisis y, por tanto, son los que mejor conocen las necesidades que tienen las familias, los autónomos, las pymes de sus municipios”.
El alcalde de Zaragoza resalta que “es de todos conocido que los alcaldes y presidentes de diputación son unos gestores excepcionales, como lo demuestra que hayan encadenado superávitsdesde 2012”. Por este motivo, Azcón cuestiona que Sánchez no les deje gestionar sus propios ahorros garantizando, de esta forma, que el destino de los remanentes positivos de tesorería va a servir para atender las necesidades más urgentes de sus vecinos y que se utilizará para dinamizar las economías de sus territorios en el día después.
CANTIDAD IRRISORIA
En otro orden de cosas, García Urbano y Azcón recuerdanque el Gobierno de Sánchez aprobó dar una cuantía de 300 millones de euros a las entidades locales para que pudieran hacer frente a los gastos sociales extraordinarios provocados por el COVID-19. Sobre ello, indican que “se agradece que el Ejecutivo se acuerde de ayuntamientos y diputaciones, aunque les otorgue una cantidad irrisoria a repartir entre los más de 8.100 municipios españoles”.
En este punto, el GPP en la FEMP solicitó que se relajen las condiciones establecidas para que los ayuntamientos puedan destinar el 20% de su superávit a gasto social ya que son “excesivamente exigentes y va a impedir que muchas corporaciones no puedan acogerse a esta posibilidad, algo que irá en detrimento de sus vecinos”.
En la reunión, el GPP en la FEMP, dio luz verde a la aprobación del documento de propuestas de medidas económicas extraordinarias para paliar los efectos económicos del coronavirus elaborado en la Federación, en el que se recoge la gran mayoría de las aportaciones hechas por el grupo político. Al mismo tiempo, se aprobó por unanimidad una declaración institucional ante la crisis del COVID19.
García Urbano y Azcón solicitaronademás que se abriera el Portal de Contratación del Estado para que se pueda seguir licitando y así activando la economía de los municipios,así como que se otorgue autonomía a las entidades locales en las decisiones de fiscalidad municipal.
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