Estas son algunas de las doce recomendaciones que realizado el Consejo de Cuentas tras fiscalizar por primera vez las actuaciones medioambientales llevadas a cabo por los 23 ayuntamientos con población superior a 10.000 habitantes, y de forma específica, en relación con las contaminaciones atmosférica, lumínica y acústica y la recogida de residuos.
En virtud de ese informe, el Consejo de Cuentas recomienda a las entidades locales fijar objetivos sobre los programas presupuestarios de protección y mejora del medioambiente y establecer un sistema de indicadores que permita la adecuada medición de su cumplimiento.
En su opinión, las autoridades locales también deberán ejercitar sus potestades de inspección y control sobre los distintos tipos de contaminación y poner en marcha nuevas orientaciones en materia de gestión de residuos domésticos, reciclaje y reutilización, además de las obligaciones previstas normativamente.
Según este informe, de los 23 ayuntamientos analizados por el Consejo de Cuentas 18 cuentan orgánicamente con una unidad, área o departamento específico de medio ambiente y el número total de trabajadores que desarrollan estas competencias asciende a 266, de los que 40 son técnicos especialistas en medio ambiente.
Sin embargo, hay cinco ayuntamientos que no se han sumado a ninguna agrupación de municipios con objetivos medioambientales. Con respecto a la adhesión a compromisos internacionales, trece han formalizado la Carta Aalborg (ciudades europeas hacia la sostenibilidad) y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local. Entre los que no han suscrito ninguna de ellas hay tres capitales, Ávila, Segovia y Zamora.
Además, sólo seis ayuntamientos (Ponferrada, Palencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria y Valladolid) cuentan con una política medioambiental aprobada.
Por otro lado, todos los ayuntamientos han aprobado diferente normativa relacionada con el medio ambiente y destacan las ordenanzas de limpieza y recogida de basuras, ruidos y vibraciones, suministro y saneamiento de aguas y tenencia de animales de compañía. Menos extendidas "pero también destacables" son las ordenanzas sobre huertos municipales y sobre parques y jardines.
Por otra parte, todos los ayuntamientos perciben ingresos derivados de actividades con incidencia medioambiental, en su mayoría mediante una tasa.
Otra de las conclusiones de este informe es que nueve ayuntamientos han acreditado la realización de actuaciones de vigilancia e inspección en materia medioambiental donde predominan las relacionadas con la contaminación acústica, los residuos, la suciedad y los vertidos y en el caso de los ayuntamientos de Valladolid y Benavente cuentan con trabajadores específicamente dedicados a estas tareas.
En relación a ayudas y subvenciones, si bien la mayoría de los ayuntamientos tiene previsto en sus ordenanzas fiscales la concesión de beneficios fiscales, destacan los concedidos en Valladolid y Burgos por la utilización de energías renovables y vehículos menos contaminantes.
En el funcionamiento interno, se han adoptado medidas de mejora energética en edificios e instalaciones municipales, realizadas por la mayoría de las entidades, mediante la incorporación de tecnología led, sistemas de luz con control de movimientos y medidas sobre la climatización y las calderas.
Otras actuaciones han consistido en el fomento del reciclaje, la inclusión de cláusulas medioambientales en los pliegos de contratación o actuaciones para reducir el consumo de agua.
El mayor gasto realizado por los ayuntamientos en materia medioambiental, por 42,4 millones de euros, deriva de la Agenda 21 Local, si bien solo es imputable, principalmente, a Valladolid y Palencia. En la ejecución presupuestaria por grupos de programas relacionados con el medioambiente, el mayor gasto corresponde a limpieza viaria (64,5 millones), parques y jardines (44 millones), gestión de residuos (41 millones) y gestión del agua (18,7 millones).