Los sindicatos representativos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han remitido al Ministerio del Interior sendos escritos en los que apremian al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que articulen mecanismos legislativos para cobrar el segundo tramo de la equiparación salarial, una vez tumbados los Presupuestos Generales del Estado.
"Ante tal situación, solo queda articular los mecanismos legislativos pertinentes que garanticen la continuidad de la aplicación del mencionado acuerdo", dicen las asociaciones de guardias civiles sobre el pacto con Interior, "máxime cuando un eventual adelanto de las elecciones generales podría complicar su aplicación".
Por ello, las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil piden una reunión urgente de la Comisión General de Seguimiento del Acuerdo de equiparación, creada con el acuerdo pactado con el Gobierno del PP y respetado por el nuevo equipo de Interior, para ultimar qué mecanismo se pone en marcha. Para 2019 se fijó que se destinarían 250 millones para equiparar los sueldos con el de los Mossos d'Esquadra, a falta de una auditoría sobre la que las organizaciones también demandan información.
Los cuatro sindicatos representativos de la Policía Nacional, por su parte, también solicitan una "confirmación inmediata del grado de compromiso del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad". El acuerdo incluía tres tramos de subida salarial en tres años, desde 2018 a 2020 y, según defienden, se tiene que mantener pese a los "ataques y desacreditaciones" porque para ellos supone "un hito histórico e inmejorable en el devenir de la Policía Nacional". La plataforma Jusapol mantiene sus críticas a este acuerdo porque considera que no ofrece una equiparación real con las policías autonómicas.
Recuerdan los sindicatos de la Policía - que celebra elecciones sindicales este año-- que el actual equipo ministerial ha expresado en diferentes foros su respaldo al acuerdo, hubiera o no presupuestos generales. Se refieren a una intervención del 29 de enero en la Comisión de Interior de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella Gómez, cuando dijo que "se dispondrá el mecanismo administrativo correspondiente para que se cobre cuanto antes". Por este motivo piden "seriedad, responsabilidad, confianza y buen hacer de los responsables políticos".