La institución urge así a los gobiernos a repensar las políticas que se están llevando a cabo en materia de impuestos al transporte, toda vez que un nuevo diseño del sistema reflejaría "mejor" las externalidades --como la contaminación-- que produce la movilidad, así como conseguir un mayor nivel de ingresos.
La finalidad de estos impuestos a la movilidad es que reflejen que los conductores tienen en cuenta los costes externos de utilizar el automóvil, de forma que puedan decidir cuánto tiempo, dónde y cuándo conducir, unos costes que para la OCDE "tienen grandes consecuencias".
Actualmente, los impuestos al transporte se reducen generalmente al gravamen de los carburantes, hasta el punto de que en algunos países como Italia, Dinamarca, Finlandia o Grecia, los impuestos a la energía, principalmente a los carburantes, suponen el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB).
Sin embargo, el informe afirma que los sistemas de impuestos instaurados en la mayoría de los países "fracasan" en conseguir el objetivo de reducir los efectos negativos del transporte por carretera, como las emisiones de gases de efecto invernadero, de congestión, polución, accidentes de tráfico y el uso y desgaste de las infraestructuras.
Además, con el avance conseguido en ciertos dispositivos electrónicos, como en la medición de distancias recorridas en carretera, crear nuevos impuestos que graven el uso del vehículo, en lugar de solo el carburante utilizado, estas alternativas se convierten en una opción, incluso a pesar de su "dificultad política".
Así, el informe concluye que el pago por distancia recorrida, ya sea por medio de peajes tradicionales o electrónicos, o la instauración de 'zonas de congestión', como ocurre en el centro de Londres, donde es obligatorio el pago de una tasa para poder circular por el centro en determinadas horas, son herramientas más efectivas para atajar los efectos negativos del transporte.