El pasado mes de junio la ciudad se paralizó en torno a la plaza de Hacienda. El motivo, la huelga de hambre iniciado por Mari y Ramón debido al desahucio de su vivienda que a su ves era su modo de vida. Ramón fue el cónyuge que prosiguió con la huelga de hambre, su mujer sufrio problemas de salud, y ambos pidieron apoyo a la plataforma.
El treinta de mayo comenzaró el contacto entre el matrimonio y la PAH. Esta última acudió a aHacienda para tratar de paralizar el deshaucio y, ante la negativa, decidió poner en marcha una manifestación a las puertas del edificio público. Esta manifestación no fue avisada, tal y como obliga la Ley Mordaza.
Una falta de aviso que tal y como informan desde la Plataforma se debió "a la urgencia en el caso. La ejecución del desahucio estaba programada para el seis de junio y la autorización tarda diez días". Este es el motivo por el que desde la PAH declinaron la opción de solicitar el permiso, según ha explicado Mena Martins.
Tras realizarse la manifestación en la que participaron cerca de cincuenta personas. La Subdelegación interpuso seis denuncias. Entre los sancionados se encuentran miembros de la PAH y otros ciudadanos presentes que no forman parte de esta plataforma.
Ante esta situación, la PAH denuncia la arbitrariedad de las denuncias puesto que solo se han interpuesto multas de 300 euros a integrantes de la PAH cuando "en esa manifestación asambleariamente organizada, también participaba otro colectivo que si cuenta con personalidad jurídica y nada se hizo contra ellos, fue un ataque claro hacia nosotros", expresó el abogado del colectivo, Patricio Alonso.
Del mismo modo denuncian que la identificación de los denunciados se hizo a través de fotos que la propia Plataforma colgó en su página de Facebook. Los motivos principales de la denuncia es la "obstrucción de acceso al edificio y en ningún momento impedimos la entrada a nadie, de hecho nos apartábamos si alguién lo necesitaba", explicó Mena Martins de la PAH.
Por ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca asegura que ninguno de los amonestados pagará la sanción hasta que no lo considere un juez y es por este motivo por el que acudirán a la vía del Contencioso Administrativo.