La PAH recuerda que la mujer cuenta con una notificación de desahucio inminente, con la probabilidad de encontrarse en la calle o, como mal menor, en una pensión, “después del recorrido agónico que ha tenido que hacer por las instituciones de esta ciudad (CEAS municipales, Delegación Territorial de la Junta, Servicio de Fomento, Ayuntamiento, procurador del Común, Cáritas) durante varios meses, acompañada en algunos casos por compañeras de la PAH, para lo esencial de los DD.HH., derechos tan básicos como el derecho a una vivienda digna”.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la PAH explica que la mujer ha tenido que afrontar en este tiempo “los continuos desaires, humillaciones, trato indigno, acusaciones veladas, cuando no le han dicho de quererse aprovechar yendo de víctima, requiere de una fortaleza y valentía que no todo el mundo posee”. “Todo eso ha tenido que vivir, con la desesperación y la angustia ante un futuro incierto, con la posibilidad de quedarse en la calle, de perder la custodia de sus hijos y un largo etc”, agregan.
Desde la PAH reconocen que a la familia se le ofertó una vivienda de alquiler social en la comarca de Benavente, pero aclaran que fue en 2018, y no en 2019, y recuerdan que en aquellos momentos no recaía sobre esta familia una orden de desahucio. “El rechazo de esta vivienda, en aquellos momentos, estuvo motivado porque implicaba no poder acudir (o hacerlo con mucha dificultad) con su hija menor al punto de encuentro, tenía muchas menos posibilidades de encontrar trabajo y generaba en toda la familia un fuerte desarraigo, especialmente en su hijo mayor. Sabemos de la necesidad de tener relaciones de amistad, afectivas, de no sentirse solo, para el desarrollo humano y la salud mental de cualquier persona, por lo que el rechazo de la vivienda está más que justificado”, agregan.
En el comunicado, añaden: “Las opciones ofrecidas son parches y totalmente inciertas. Las opciones ofrecidas por el Ayuntamiento de pagar el alquiler de una vivienda durante unos meses, cuando las inmobiliarias y propietarios exigen del inquilino garantías de cobro, ya sea mediante un salario más o menos seguro, obligando a presentar un contrato de trabajo u otros ingresos que puedan garantizar el cobro del alquiler, quedan totalmente en el aire. Que un Ayuntamiento gobernado por IU sea incapaz de ofrecer otras soluciones, nos queda perplejos e indignados, no solamente porque está en su programa sino porque su proyectode sociedad fuera mínimamente creíble. Por ello debía de ser IU la más interesada de ponerse a la cabeza de la lucha por los DD.HH., entre ellos el derecho a una vivienda digna de manera efectiva, algo que no hace mucho era despreciado por ser “reformista”, pero que en estos tiempos parece que es algo tan revolucionario que hasta un ayuntamiento de izquierdastiene difícil conseguirlo, evitando así que, por esta causa, en su municipio se dieran situaciones de marginación y exclusión social”.
Por último, lamentan “que en la ciudad de Zamora existan más de 6.600 viviendas vacía, muchas de ellas procedentes de la banca rescatada con dinero público generando una deuda que algunos economistas cifran en cerca de los 100.000 millones de euros, sin que la banca tenga obligación de devolver, y que no sean capaces de poner estas viviendas al servicio de los más necesitados, ya sea mediante convenios con la SAREB, o con la banca rescatada, ya sea penalizando a sus propietarios por no ofrecerlas para alquiler, medidas mínimas defendidas por el Procurador del Común, hasta podían ser expropiadas amparándose en la propia constitución que toda propiedad debe de estar al servicio de la sociedad para garantizar los derechos más elementales”.