María Pardo, directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, ha anunciado este lunes, tras una reunión mantenida en la delegación territorial de la Junta, los motivos por los que las obras siguen retrasándose en el tiempo.
Una reunión en el que se han aportado nuevos datos a todas las administraciones implicadas en la obra. La empresa encargada ya anunció en abril que se iba a retirar de las obras por el incremento de precios.
Una decisión que se ha tomado formalmente el pasado día cinco, cuando la empresa licitadora ha renunciado a la obra y así se ha comunicado este lunes siendo una decisión pactada por ambas partes, “ya que no se puede obligar a nadie a seguir sino quiere”, ha asegurado Pardo.
El proceso se encuentra ahora en un punto muerto en el que toca volver a poner la maquinaria en marcha y buscar una nueva licitación asumiendo cada una de las administraciones el incremento de materiales correspondiente a la inversión inicial.
Las obras “no se van a poder terminar en el tiempo previsto”, ha asegurado María Pardo quién ha puesto de manifiesto como se está “intentando minimizar el daño en lo máximo posible, tanto en lo económico, como en los plazos”.
La hoja de ruta de la obra pasa ahora por la resolución del contrato, licitar de nuevo el proyecto, asumir el incremento presupuestario por parte de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Estas dos últimas actualmente en funciones por lo que podría dilatar aún más este proceso hasta que se constituyan los nuevos organigramas en ambas administraciones.
El sobre coste se cifra entre un 15 y un 20 por ciento más de lo licitado en un inicio, ha asegurado la responsable de vivienda, aunque se está a la espera de realizar un estudio de mercado más amplio.
Esta resolución de mutuo acuerdo no tendrá sanciones ni consecuencias jurídicas, ya que la empresa contratista no está en ninguno de los supuestos en los que podría llevarse a cabo una sanción hacia la empresa lo que le permitiría volver a presentarse de cara que la nueva obra.
Sobre la situación de que el contratista, en términos coloquiales, se vaya de rositas, María Pardo ha asegurado que estos momentos “prima que la obra se desarrolle y jurídicamente no se dan los supuestos para que se le ponga una sanción”, aunque valoran más “el que no se retrase la obra ya que nos iríamos un año de retrasos”.
La presidenta de la Junta Pro Santa, Isabel García, también se ha pronunciado en este sentido: “No era lo que esperábamos, es un gran contratiempo, pero agradecidos por la buena disposición de todas las instituciones y esperemos que se dilate lo menos posible. Las instituciones están como están, se tienen que constituir y eso va a dilatar aún más el plazo. Personalmente pensamos que en 2025 va a ser complicado”.
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