El pasado 28 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno aprobaba el Real Decreto Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Con ese nombre y elaborado por el Ministerio de Trabajo, su contenido pasó desapercibido en el sector educativo.
Unos días después, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) descubrió en el texto una medida que parecía una inocentada: el Gobierno convertía en obligatoria la cotización de todas las prácticas universitarias externas sin especificar quién debería hacerse cargo de ese coste. Y nadie había consultado a las universidades qué les parecía implantar esta medida.
Los rectores advirtieron que provocaría "un grave problema económico difícilmente asumible para las universidades" al suponer más de 100 millones anuales, así como una "disminución del número de prácticas ofertadas por las empresas e instituciones" a los estudiantes universitarios.
A mediados de enero, la CRUE y el Gobierno acordaron que la cotización de las prácticas externas universitarias no sería obligatoria hasta el próximo curso 2019-2020, y se emplazaron a desarrollar conjuntamente un reglamento para la aplicación de esta nueva norma.
El curso académico comenzará en septiembre sin un nuevo Gobierno, y la obligatoriedad de la cotización de las prácticas tendrá que esperar porque sigue sin existir ese reglamento. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirman que no habrá desarrollo normativo del Real Decreto mientras el Ejecutivo siga en funciones.