La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha insistido en que no tiene intención de cerrar los centros de Educación Especial en los que están matriculados más de 37.000 alumnos con discapacidad en España y ha subrayado que las protestas de padres, alumnos y profesores, como la convocada el pasado 23 de febrero en Valladolid, a la que acudieron más de 5.000 personas, van dirigidas al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En una entrevista con Europa Press, la titular de Educación apunta que El proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que fija un plazo de diez años para integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, "de ninguna manera supone el cierre de los centros especiales". En Salamanca hay varios de estos centros especiales, desde el Reina Sofía (de titularidad pública) hasta otros de titularidad privada como El Arca o El Camino.
"Una cuestión es que efectivamente haya niños y niñas con diversidad funcional que, atendiendo al interés superior del menor y con las familias, vayan trasladándose a centros ordinarios, pero de ninguna manera habrá un cierre de centros de Educación Especial. Esto lo quiero subrayar", ha aseverado la ministra.
Preguntada si se ha reunido con asociaciones, padres y profesores defensores del modelo de Educación Especial, Celaá ha afirmado que les ha recibido. "No a los de Castilla y León concretamente, pero he recibido creo a todas", ha apuntado, para añadir que las distintas organizaciones saben cuál es la intención de su ministerio en relación con este modelo educativo.
Además, ha advertido de que quienes protestaron hace una semana no lo hicieron contra su departamento, sino contra el CERMI. "Yo siempre he visto carteles contra una organización", ha dicho al respecto. Es más, la ministra ha subrayado que "en absoluto" el proyecto de reforma de la ley educativa incorpora la eliminación de la Educación Especial como reclama el CERMI.
El Pleno del Consejo Escolar del Estado aprobó la incorporación en el dictamen sobre la reforma educativa varias enmiendas del CERMI como la de acabar con los itinerarios "alternativos" dentro del sistema educativo, como el de la Educación Especial, para dar cumplimiento a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En su artículo 24 establece que no puede haber discriminación educativa por razones de discapacidad.
Antes de que el Consejo de Ministros aprobara su proyecto de ley educativa y tras conocer el dictamen del Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto de ley, la titular de Educación dijo que incluiría algunas enmiendas presentadas por el CERMI, aunque no dijo cuáles.
Concretamente, la ley establece que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, desarrolle "un plan para que en el plazo de diez años" se realice el trasvase de alumnos de centros especiales a ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
Celaá ha subrayado que la propuesta de su ministerio coincide con la de los organismos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mencionada Convención de Naciones Unidas, ratificada por España hace más de una década.
No hay estimaciones sobre el coste
La ministra ha indicado que desde el año 1985 ha habido un "proceso gradual" por el cual, las personas con discapacidad y diversidad funcional han ido incorporándose a centros ordinarios, "estableciéndose, y esto si que es importante, los consecuentes recursos tanto financieros como humanos".
Sobre la estimación del coste que puede suponer un progresivo trasvase de alumnos con discapacidad a centros ordinarios, la ministra ha señalado que el Gobierno no la ha hecho aún: "¿Cómo vamos a estimar cuánto va a costar si lo vamos a hacer absolutamente en relación a los recursos existentes?".
En este sentido, ha apuntado que este asunto de la educación inclusiva se incorpora a la Agenda 2030 del Gobierno para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que, por tanto, falta establecer "un plan de trabajo".
"Quedan 11 años, pero eso no significa que todos los niños con diversidad funcional vayan a acabar en el año 30 en los centros ordinarios. Habrá niños y niñas que seguirán estando en centros de Educación Especial", ha concluido.