La Secretaria General Municipal del PSOE y Diputada por la provincia de Zamora, Mar Rominguera, ha calificado de “dejación de funciones inaceptable” la respuesta dada por el Gobierno a la pregunta formulada el pasado 23 de Junio en el Registro del Congreso de los Diputados sobre la situación de los trabajadores de la empresa Ozono Servicios, concesionaria del Servicio de Limpieza de las Instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Rominguera se hacía eco de la denuncia de las empleadas de limpieza del INSS en Zamora, un total 6 trabajadoras que prestan sus servicios para esta empresa en las instalaciones de la provincia, a las que la empresa adeudaba sus salarios desde el mes de Abril, una situación que se viene repitiendo, recuerdan las propias trabajadoras, con cada cambio de concesionaria del servicio, y las obliga a reclamar el pago de los últimos meses de cada contrato.
En respuesta comunicada con fecha 18 de julio el Gobierno afirma que ”el poder de dirección que corresponde al empresario se sitúa totalmente al margen del ámbito de influencia que pueda corresponder al INSS como órgano de contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de su sede en Zamora… En este sentido, dado que la retribución constituye una cuestión de contenido netamente laboral, el órgano de contratación no puede tomar ninguna medida al respecto”.
Haciéndose eco de la situación de los empleados de la empresa Ozono Servicios Mar Rominguera había pedido al Ejecutivo que explicara “las medidas que piensa tomar el Gobierno, para exigir a la empresa el pago de los salarios adeudados a las trabajadoras y trabajadores de limpieza del las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social”.
En el mismo sentido la Diputada del PSOE solicitaba al Gobierno que informara sobre “las medidas concretas que piensa adoptar de cara al próxima licitación a fin de evitar que la nueva y sucesivas contratas cesen el servicio dejando salarios pandites, en su caso, cuales serán esas medidas”.
La respuesta del Gobierno respecto al asunto de la licitación decía que “las futuras licitaciones habrán de ajustarse a las normas del TRLCSP, y cualquier empresario que cumpla con las condiciones establecidas en el mismo podrá participar en la licitación, sin perjuicio de que quepa la exclusión de determinadas personas si incurren en alguno de los supuestos que el artículo 60 TRLCSP establece como causa que motiva la prohibición de contratar.”
“Pues bien, con esta respuesta –afirmaba la Diputada socialista zamorana- el Gobierno y los responsables del Ministerio de Trabajo y del INSS vuelven a dejar desamparadas a las trabajadoras al desentenderse de su situación laboral y de los incumplimientos de la empresa, principalmente en material salarial”.
Para Mar Rominguera “la Administración Pública no puede permanecer pasiva ante los incumplimientos en materia laboral y salarial de sus empresas adjudicatarias de servicios, de la misma manera que tiene que ejercer todos los mecanismos legales y potestades para garantizar el cumplimiento del contrato no solo con la Administración, también con los empleados de las concesionarias”.
“Por lo tanto el Gobierno también tiene la obligación defender y amparar a los trabajadores que prestan sus servicios a la Administración Pública a través de concesiones de servicios, porque lo contrario es permitir que el empresario incumpla de manera unilateral las condiciones del contrato al estar vulnerando los derechos de los trabajadores” añadía la diputada del PSOE.
Rominguera reclamaba por último al Ejecutivo “garantías en la nueva licitación para que se respeten los derechos económicos y laborales de los trabajadores independientemente de los procedimientos administrativos de licitación y de los periodos de relevos en las empresas adjudicatarias de contratos de servicios de la Administración Pública”.
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