La Junta de Castilla y León presenta el recurso ante el Tribunal Supremo para defender el toque de queda implantado en la Comunidad a las 20.00 horas. Hay que recordar que el Gobierno central recurrió esta decisión adoptada por la Junta en Consejo de Gobierno al considerar que el decreto del Estado de Alarma no permitía este adelanto, pese a lo que la Junta ha defendido su legalidad y presentará ante el Supremo alegaciones, que tendrá cinco días más para pronunciarse.
“Esta medida era, es y será necesaria para proteger la salud y la vida de las personas ante el crecimiento vertiginoso de los contactos en el inicio del mes de enero. Esta medida es útil y necesaria para frenar la tercera ola. A mediados de enero, la incidencia estaba desbocada, con una subida en pared y era necesario actuar y tomar decisiones de manera urgente. Era necesario anticiparnos en la toma de medidas. Tras escuchar a los expertos, a las fuerzas políticas, principales ayuntamientos y diputaciones, y representantes de la economía de la comunidad tomé decisiones como presidente de la Junta”, iniciaba en su comparecencia Alfonso Fernández Mañueco.
Esas decisiones conllevaban el cierre perimetral, la reducción de aforo en lugares de culto, reducción de reuniones a 4 personas de no convivientes y sobre todo el adelanto del toque de queda. Esta medida ha sido objeto al recurso. “Es una medida equilibrada que permite proteger a las personas y evitar el mayor daño posible a la economía. Está avalada en razones sanitarias, sociales y jurídicas”, comentaba el presidente de la Junta.
En este aspecto, agregaba que desde el punto de vista sanitario “es una medida eficaz y útil porque la IA ha caído un 9 por ciento a siete días desde su entrada en vigor, y la tasa de crecimiento ha pasado de crecer al 147 por ciento a bajar un 11 por ciento”; en cuanto al especto social, añadía: “es una medida lógica, justa y equilibrada, que ha tenido el respaldo mayoritario de las personas de la comunidad, han actuado con compromiso y responsabilidad desde el primer día, demostrando estar a la altura. Gracias a su compromiso hoy decimos que el numero de contagios y la IA están descendiendo”.
Por último, también ha defendido la toma de esta decisión desde el punto de vista jurídico: “Desde el punto de vista jurídico es un acto legal que protege la vida por encima de cualquier otro derecho como la libertad de circulación de las personas. Quiero recordar una sentencia del TC de 1985 que consideraba que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional que es la vida humana. Es respetuosa con la legalidad vigente y cumple con la proporcionalidad en la doctrina constitucional por tres motivos: juicio de idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad”
Por otro lado, Mañueco también se refirió a la forma de actuar del Gobierno de la Nación, asegurando que “la forma de actuar del Estado ha contribuido a consolidar esta medida”, explicándolo de la siguiente forma: “Tras la comunicación oficial al Gobierno no hemos recibido respuesta formal, tampoco han solicitado aclaraciones en ninguna línea y ha apostado por la vía judicial, pero no usa en primer lugar las medidas cautelarísimas, que es una medida jurídica que se pide al Supremo que pudiera suspender de forma inmediata los efectos del acuerdo que yo aprobé. Si hubieran creído que se vulneraban los derechos fundamentales no se entiende que no se hubiera pedido la cautelarísima”.
Además, Mañueco se ha mostrado tajante sobre esta decisión: "Volvería a hacerlo, y estoy convencido de que el Tribunal Supremo nos va a dar la razón", precisando que "mercera la pena Castilla y León y tomar estas decisiones para salvaguardar la vida de los ciudadanos de Castilla y León".
Ante todo esto, defendía las decisiones tomadas por la Junta y defendía el recurso presentado ante el Supremo. No obstante, en caso de que el Supremo no dé la razón a Castilla y León, Mañueco reconocía que aceptarán la decisión: “Cumpliríamos la decisión que adopte el Supremo aunque vaya en contra de nuestras alegaciones, que están lo suficientemente fundamentadas para mantener el anticipo del toque de queda. Nuestro objetivo es proteger la vida y la salud de las personas y reducir a la mínima expresión el daño a la actividad económica”, zanjaba.
Por último, Mañueco también abrió la puerta a la posibilidad de que el Gobierno de España podría no estar legitimado para realizar este recurso, porque aunque la decisión está tomada por la Junta, la hacía en función a las competencias cedidas por el Estado.