El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas del procedimiento de "cogobernanza" para la relajación de las medidas de confinamiento contra el Covid-19, así como de las medidas económicas que anunció este sábado.
Ante esto, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explicaba en una comparecencia posterior: “Ha hablado de cogobernanza, pero el estado de alarma restringe derechos fundamentales y libertades públicas, y también restringe la toma de decisiones por parte de las comunidades. Estas circunstancias exigen el consenso político y también el consenso con las comunidades. Es un instrumento que puede ser eficaz y flexible para planificar la desescalada, pero tiene que ser sensata y bien hecha. No hay cogobernanza, no existe, no hay criterios claros, no hay plan cierto. A las comunidades se nos dan instrucciones que tenemos que cumplir pero no se nos deja ayudar en toma de decisiones”.
Mañueco exponía que de momento se desconocen los umbrales y los criterios para pasar de fase, por lo que "habrá que esperar". No obstante insistía en la necesidad de que la desescalada se haga por zonas básicas de salud.
“Le hemos pedido los informes de los expertos que expliquen el porqué el ámbito provincial es el adecudado para la desescalada. Tenemos un compromiso claro con el mundo rural y creemos que hay que ir abriendo por zonas básicas de salud. Consideramos que no se confía en las comunidades para la ejecución de la desescalada. La Atención Primaria tiene un marco geográfico de actuación que es la zona básica de salud, por eso queremos que se baje el marco para adaptarnos a la zona básica”, insistía sobre la necesidad de que el control de desescalada se realiza por zonas básicas.
Por último, lanzaba un aviso sobre la petición de Sánchez para prorrogar el estado de alarma: “El estado de alarma es un instrumento jurídico al servicio de un objetivo que para nosotros es claro: defender la salud de las personas de la comunidad. Por tanto debe ser evidente el beneficio de la mejora de la salud con este estado de alarma. Tenemos la evidencia que no hay planificación por parte del Gobierno, no hay coordinación con las comunidades, nos enteramos de las decisiones por los medios, tampoco hay colaboración con los sectores económicos. Estamos desconcentrados con la interlocución que hemos tenido con el Gobierno. Es necesario que el Gobierno cambie el rumbo de manera clara. El apoyo al estado de alarma no puede ser un cheque en blanco”.