La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado y la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) lanzan una macroencuesta nacional para detectar las carencias del teletrabajo y hacer un diagnóstico sobre su situación actual.
Los resultados de esta encuesta online -destinada a todas las personas trabajadoras del sector público y privado- permitirán avanzar en un estudio preciso sobre la situación actual con la que identificar los problemas y plantear una batería de actuaciones para impulsar esta modalidad de organización del trabajo, clave para impulsar la conciliación.
CSIF ya cuenta con cifras que nos alertan de algunas de estas carencias. En concreto, señalan que la cifra de empleadas públicas que teletrabajan actualmente en la Administración General del Estado y que tienen mayores a su cargo duplica a la de hombres (818 mujeres frente a 403 hombres), mientras que la situación es muy similar en el caso de las que trabajan a distancia y tienen a su cargo menores de 14 años (5.480 mujeres frente a 3.332 hombres).
Antes de la pandemia tan solo un 5% de los empleados/as públicos teletrabajaban, una cifra que llegó hasta un 63% en plena crisis del COVID, y que ahora se sitúa en torno al 22%, según los últimos datos recabados por CSIF. Del total de las 44.300 personas teletrabajando ahora en la AGE, 25.030 son mujeres y 19.262 hombres.
La modalidad de trabajo no presencial se ha implantado de manera generalizada de forma precipitada, condicionada por la pandemia, para proteger la salud de las plantillas y mantener la actividad laboral en la administración pública y en el sector privado. Además, el teletrabajo ha permitido garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, dando un impulso a la conciliación.
Dar seguridad a las plantillas
Sin embargo, pese a que se ha avanzado en la regulación del teletrabajo en el sector privado, inciden en que el sector público en su conjunto necesita una normativa urgente concreta, que dé seguridad a sus plantillas y que fije horarios de trabajo, ubicaciones, medios informáticos, mecanismos de selección de personal y derecho a la desconexión digital, entre muchos otros.
Hace falta un análisis de situación con perspectiva de género y medidas para evitar que el teletrabajo se convierta en una vía para que las mujeres se encarguen aún más de las tareas del hogar o del cuidado de dependientes, limitando su promoción profesional, según destaca la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, Eva Fernández.
“Ahora más que nunca hay que proteger el derecho de todas las trabajadoras a una carrera profesional en condiciones de plena igualdad”, subraya Fernández, quien advierte de que el teletrabajo es una herramienta para impulsar la conciliación, pero en ningún caso puede ser una barrera que provoque más desigualdad.
El presidente de ARHOE, José Luis Casero, señala que “la información, el análisis y la acción son clave para abordar el teletrabajo, que trasciende a una mera normativa o acuerdo”. “Hay personas y empresas con singularidades individuales que necesitan una respuesta adecuada, capaz de articular esta forma de organizar el trabajo con un plan estratégico preciso, con protocolos reales, que respeten los derechos de desconexión y otras exigencias de esta nueva situación”.
Casero aboga por adquirir nuevos aprendizajes en la gestión del tiempo, ya que “no podemos pasar de un presentismo inútil a un ‘onlineismo’ que nos atrape de igual manera deshumanizada e improductiva”. Añade, en la misma línea que la secretaria nacional de Igualdad de CSIF, que el teletrabajo no puede convertirse en un arma de doble filo que perjudique a las mujeres y que “si no queremos dar pasos atrás en materia de igualdad es fundamental abordar el teletrabajo con una perspectiva de género”.
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