Los representantes de la Consejería de Educación se habían comprometido a mantener una reunión con la asociación que representa los intereses de este sector en la comunidad (ASAECYL) inmediatamente después de las vacaciones de Navidad con la intención de reanudar dichas actividades, que se prohibieron durante el primer trimestre del curso.
Sin embargo, la Consejería no se ha puesto en contacto con la asociación. Como ponen de manifiesto los miembros del grupo, a día de hoy, estas actividades se encuentran en un limbo jurídico absoluto, puesto que en la Adaptación del protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el curso escolar 2020/2021, de 2 de septiembre de 2020, se establecía “la supresión de actividades complementarias y extraescolares durante el primer trimestre del curso, el desarrollo de las mismas en el segundo y tercer trimestres se supeditará a las circunstancias sanitarias del momento”.
Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta si se pueden realizar o no. El propio gobierno autonómico añadió más caos al panorama cuando el pasado diciembre confirmó el regreso de las actividades extraescolares deportivas para después del parón navideño y, menos de 24 horas antes de que debieran iniciarse, decidió comunicar su negativa.
Hasta tal punto llega el desconcierto que decenas de colegios ofertaron las extraescolares e incluso anunciado su fecha de comienzo a los padres. No obstante, las empresas del sector prefieren ser prudentes y no iniciarlas. “Pese a que la Junta no sea clara y esté creando una situación de absoluta confusión, nosotros debemos esperar a que haya una autorización expresa de la autoridad competente”, señalan sus portavoces.
Sin embargo, este permiso para dar este servicio esencial en los centros docentes del que se benefician miles de familias en toda la comunidad no parece que vaya a llegar. Ahora mismo, el pesimismo del sector ante la actitud de la corporación autonómica es total. “Si ni siquiera nos llaman para reunirnos y cancelan las actividades deportivas un día antes de su realización, poco podemos esperar”, afirman. Hay que recordar que Castilla y León es la única comunidad en toda España que mantiene esta prohibición.
Esto se une al hecho de que el sector de la educación no formal o no reglada en Castilla y León, al que también pertenecen muchas de las empresas de extraescolares, se ve afectado por las nuevas restricciones impuestas por la Junta en cuanto a la limitación de la movilidad a partir de las 20:00 horas. Aunque esta decisión está puesta en entredicho por parte del gobierno central, lo cierto es que Castilla y León, a diferencia de otras como Andalucía o Cataluña que ya habían adelantado la hora de cierre de establecimientos comerciales, no incluye expresamente a las academias y centros de educación no formal dentro de las excepciones. Desde ACLACEN, asociación que aglutina a los profesionales del sector, están realmente preocupados y desorientados con esta indefinición. La unión de fuerzas entre ambas asociaciones, es una de las pocas soluciones que quedan ante la continua búsqueda de la desaparición, por parte de la Junta de Castilla y León, de un sector que aglutina entre ambas asociaciones más de 800 empresas y autónomos en la comunidad autónoma.
En definitiva, la Junta de Castilla y León no solo está apretando al máximo las tuercas a las aproximadamente 250 empresas que ofrecen servicios de extraescolares en la región, sino que parece haberse olvidado de las mismas. Todo ello pese a que, como se ha reiterado muchas veces desde ASAECYL, estas actividades son esenciales para la población, por lo que aportan de riqueza educativa, de recursos de formación complementaria a la que muchos niños no tienen acceso sin ellas, de seguridad sanitaria en tiempos de pandemia y a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Además de todo esto, aporta unos 9.000 puestos de trabajo y supone una facturación anual de aproximadamente 13 millones de euros.
Ninguno de estos datos parecen ser, no obstante, lo suficientemente importantes como para que el gobierno autonómico atienda las demandas de un sector que agoniza por momentos, algo que sufre principalmente el conjunto de la sociedad castellana y leonesa.
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