La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) celebra la Sentencia del TSJCyL, que pone fin a un periodo ambiental trágico en Castilla y León. La organización denuncia que la Junta de Castilla y León (JCyL), desde 2008, ha autorizado la caza de 1.847 lobos, en una política centrada en intereses particulares, donde la eliminación del lobo fue la única herramienta de gestión empleada. Esta sentencia supone un duro golpe para las decisiones impulsadas por el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Director General del Medio Natural, José Ángel Arranz, quienes, según ASCEL, han ignorado sistemáticamente el estado de conservación del lobo a cambio de un “mercadeo de votos”.
ASCEL subraya el impacto irreversible de esta política de caza en la población de lobos en Castilla y León. Durante las temporadas cinegéticas de 2019-2021 se permitió la caza de 124 lobos, contribuyendo al estado de conservación desfavorable de la especie en toda España. En total, la Junta de Castilla y León ha autorizado la muerte de 1.847 lobos desde 2008, una cifra que ha llevado al lobo ibérico a una situación crítica. La JCyL acumula además una larga serie de reveses judiciales, incluyendo el primer plan de gestión del lobo en 2008, los cupos de caza de 2010-2011 y 2011-2012, el segundo plan de gestión de 2016, y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2022.
ASCEL demanda la asunción de responsabilidades por parte de los gestores de la JCyL, quienes, según la asociación, no solo han promovido una gestión insostenible del lobo, sino que además han empleado recursos públicos en contra de la biodiversidad y los derechos ambientales. La organización exige que estos responsables reconozcan su papel en la destrucción de una especie clave y dimitan, permitiendo la entrada de gestores con mayor compromiso ético y ambiental.
La asociación, que desde el año 2000 trabaja por la conservación del lobo en España, expresa su satisfacción por esta sentencia, que representa un paso hacia un modelo de gestión en el que se reconozca la importancia ecológica del lobo ibérico. Para ASCEL, el fallo judicial pone en evidencia el perjuicio causado por políticas “ignorantes y perjudiciales” que anteponen intereses económicos de ciertos sectores a la protección del patrimonio natural.