La JUR ya había tomado esta decisión con carácter provisional a la luz de las conclusiones del informe 'Valoración 3' que la consultora Deloitte elaboró y después abrió un proceso de derecho de audiencia en el que recibió 2.856 respuestas. Este miércoles, y después de haber valorado todos estos comentarios, la institución ha confirmado su visión preliminar.
"Esta decisión cierra el proceso para analizar si una insolvencia habría supuesto un mejor resultado para los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados. Está claro que no es así", ha resumido en un comunicado la presidenta de la JUR, Elke König.
"Entiendo que sea decepcionante para aquellos que han perdido, pero demuestra que el marco de resolución es efectivo y protege a los contribuyentes y a la estabilidad financiera", ha añadido la alemana.
De esta forma, la JUR ha adoptado su "decisión final" sobre el caso, que ha enviado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) como autoridad nacional encargada de implementar la resolución.
Además, el organismo presidido por König ha informado de que no organizará una rueda de prensa sobre su decisión debido a las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades belgas en Bruselas para combatir la propagación del Covid-19.
HASTA 34.000 MILLONES EN PÉRDIDAS
En concreto, el informe de Deloitte considera tres escenarios de tiempo alternativos (18 meses, 3 años y 7 años) de cara a la liquidación mediante un procedimiento de insolvencia ordinario y para cada uno de ellos presenta el mejor y el peor resultado posible.
El documento concluye que en los seis casos las pérdidas para los accionistas del Popular hubieran sido mayores que las asumidas en el procedimiento de resolución, que cifra en 11.400 millones: 9.400 de los accionistas y 2.000 millones de titulares de deuda subordinada (a fecha del 6 de junio de 2017).
Además, si se hubiese sometido a la entidad a un procedimiento de insolvencia siguiendo las normas españolas, los acreedores subordinados habrían perdido el 100% de su dinero en los tres escenarios. Es decir, 8.800 millones de euros más para esta categoría de bonistas que sumar a los 2.000 millones de pérdidas del procedimiento de resolución.
A esto, habría que añadir en el escenario de 18 meses unas pérdidas de entre 8.000 millones y 14.000 millones, lo que eleva el total en el mejor de los casos a 28.2000 millones y a 34.100 millones en el peor.
Por otro lado, el escenario de tres años hubiera dado como resultado unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 5.800 y 11.500 millones. Las pérdidas totales, por tanto, habrían ascendido a entre 26.000 y 31.000 millones en el mejor y el peor de los casos, respectivamente.
Finalmente, Deloitte calcula que un escenario de siete años resultaría en unas pérdidas para los acreedores ordinarios de entre 3.300 millones y 8.500 millones, por lo que las pérdidas totales serían de entre 23.400 y 28.700 millones.
La JUR confirma que no compensará a los accionistas y acreedores de Banco Popular
La Junta Única de Resolución (JUR) ha confirmado este miércoles que no compensará a los accionistas y acreedores del Banco Popular, entidad resuelta en junio 2017 siguiendo las normas europeas y traspasada a Banco Santander por un euro, al concluir que haber llevado a cabo un procedimiento normal de insolvencia hubiera tenido mayores costes.
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