La Junta de Castilla y León se marca para 2021, año en que se entra en el ecuador de la legislatura, acelerar la cartera normativa comprometida en su programa de gobierno. El Consejo de Gobierno del 10 de diciembre acordó la aprobación de 22 proyectos de ley a lo largo del año, pero más de la mitad se arrastran de este ejercicio e incluso de 2019, la mayoría con la tramitación completada. La emergencia del COVID-19 ha guiado la acción del Ejecutivo y ha frenado también las normas no centradas en el coronavirus.
De ese montante, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dirigida por el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, presenta el mayor número, con ocho; Familia e Igualdad de Oportunidades, cuatro; Presidencia y Fomento y Medio Ambiente, tres cada una; dos Sanidad; uno, respectivamente, Empleo e Industria y Cultura y Turismo.
El balance de textos remitidos a las Cortes en este año y medio de legislatura es bajo. Hasta ahora solo se ha aprobado por la Cámara el proyecto de ley de declaración del Parque Natural de "Sabinares del Arlanza-La Yecla" (Burgos), enviado en septiembre de 2019, mientras que se acordó aplazar la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones con tramitación solo pendiente de sustanciarse en pleno.
La actividad ha estado centrada en la gestión del COVID-19, motivo por el que la Junta remitió al Parlamento la convalidación de los decretos de ley de medidas extraordinarias de apoyo a personas y familias y para reforzar el control de las sanciones de las medidas de contención, así como la modificación de la ley de acceso y disfrute a la prestación de la renta de ciudadanía.
Entre los nuevos textos normativos anunciados, se encuentran los proyectos de ley de dinamización demográfica -ya en el Portal del Gobierno Abierto-, de cooperación internacional al desarrollo y de participación ciudadana, por parte de la Consejería de Transparencia, si bien este departamento arrastra los anteproyectos de ley de transparencia, de creación de la Agencia de Lucha contra el fraude, de modificación de la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, de Gobierno y la Administración de Castilla y León y del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad.
Normas sociales
La Junta se estrenó en su primer Consejo de Gobierno en julio de 2019 con la presentación del anteproyecto de ley de derechos y garantías al final de su vida, una de las apuestas de Ciudadanos, igual que el proyecto de ley de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación social e identidad de género, conocido como LGTBI, para el que el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea (Cs), avanzó su aprobación a finales de 2019. Ambos textos tienen cerrada su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto desde hace meses.
Antes de la declaración del estado de alarma, hasta once anteproyectos se hicieron hueco en su tramitación en el Portal del Gobierno Abierto, entre ellos cuatro de la Consejería de Consejería de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior, de nueva creación, que revisa todas las leyes en materia de transparencia aprobadas por el anterior equipo del PP, que éste calificó como “pioneras y de nueva generación”.
Durante el estado de alarma, el Portal del Gobierno Abierto se cerró a la publicación de nuevos textos y al trámite de la consulta previa, cuya actividad se recuperó el 1 de junio, ya con la desescalada en la Administración.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanza para el próximo años las leyes de garantía de atención a personas con discapacidad a lo largo de su vida -cuyas líneas ha conocido ya el Consejo de Gobierno- y la de calidad de atención residencial en Castilla y León, para lo que se creó un grupo de trabajo, ya que una de las conclusiones coincidente de la pandemia es que se debe revisar el modelo residencial.
Sin embargo, este departamento arrastra los proyectos de ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad de Castilla y León, conocida como LGTBI, la que más sugerencias ha recibido en el Portal del Gobierno Abierto (39), y del tercer sector social en Castilla y León. Ambos normas tienen cerrada su tramitación de consulta previa para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
La Consejería de la Presidencia estrena su carrera normativa con los textos de modificación de la ley reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León, de Función Pública y de cuerpos y escalas de la Administración de Castilla y León, que inician los primeros pasos en el portal informativo de la Junta.
Fomento y Medio Ambiente también tiene cerrado el anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, con la que se pretende dar una seguridad a la caza, mientras que compromete para el próximo ejercicio los de urbanismo y derecho a la vivienda.
Tras el primer Consejo de Gobierno, en julio de 2019, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, presentó las líneas de la futura ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, cuyo proyecto está cerrado, pero es uno de los textos retrasados por la gestión de la pandemia. Junto a esta norma, Sanidad anuncia la modificación de los criterios de declaración y regulación de los puestos de difícil cobertura/desempeño en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud.
Se completa este catalogo con los proyectos de ley de áreas de promoción económica de Castilla y León y de Patrimonio Cultural, de las consejerías de Empleo e Industria y de Cultura y Turismo, respectivamente. Economía y Hacienda, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Educación no prevén la aprobación de ninguna ley el próximo año.
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