El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, acompañado del director de Relaciones Institucionales, Máximo López, ha mantenido un encuentro con el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, al que también han asistido el consejero general de la ONCE y coordinador de juego y asuntos económicos, Eugenio Prieto, y el jefe del gabinete jurídico, Ángel Montero.
Respecto al Juego, se ha señalado que es conocido que el cupón de la ONCE y los demás productos de juego actúan bajo el amparo de la Ley 13/2001, de 27 de mayo, de regulación del juego, y son, por tanto, de competencia estatal, por lo que no entran en el ámbito competencial de Juego en el que actúa la Consejería de la Presidencia. No obstante, en la reunión se ha puesto de manifiesto la incidencia de las nuevas tendencias del juego y la preocupación de ofrecer al público un juego responsable. Al respecto, los vendedores de la ONCE reciben una formación de juego responsable y, desde la organización, se ofrecen a la Administración autonómica a aportar su experiencia en aquellos aspectos que puedan ser positivos.
El consejero de la Presidencia les ha hecho conocedores de la próxima convocatoria de la ‘Mesa del Juego Responsable de Castilla y León’ de carácter consultivo, en la que, desde un análisis sosegado y con datos, se va a abordar un debate sobre las futuras líneas de actuación que afectan a la regulación del juego. Ibáñez ha expuesto la composición de dicha mesa, en la que estará representada la Administración autonómica (a través de las consejerías de Presidencia, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades); las organizaciones de los distintos subsectores de Juego (casinos, bingos, salones de juego y máquinas); los sindicatos que representan a los trabajadores de estas empresas; las asociaciones de jugadores rehabilitados; la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Federación de asociaciones vecinales.
En la reunión se ha acordado mantener una línea de actuación conjunta y cercana en todas aquellas materias que afectan tanto a la Consejería de la Presidencia como a la ONCE.
Impacto social y económico de la ONCE en Castilla y León
En el transcurso del encuentro se ha destacado la incidencia económica y social de la ONCE en Castilla y León, con 770 trabajadores, de los que el 75 % son fijos. Asimismo, se ha expuesto que la ONCE realiza una gran labor en servicios sociales especializados, atendiendo a una población afiliada que está en torno a 4.200 personas, siendo una organización que actúa como auténtico agente fijador de población al tener su actuación en amplias zonas de la comunidad autónoma, muchas de ellas en el ámbito rural. En este sentido, se ha destacado el compromiso con todas las provincias de Castilla y León, con la intención de reabrir las sedes de Ávila, Soria y Zamora, algo que ha sido valorado muy positivamente por el propio consejero.