La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Lanzadera Financiera que gestiona el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha impulsado desde la declaración del estado de alarma un total de 2.472 proyectos de empresas, con ayudas y préstamos por valor de 291,2 millones de euros. Estas operaciones han supuesto la creación o el mantenimiento de 6.279 empleos y una inversión inducida de 385,2 millones de euros más.
En la actualidad, estas ayudas directas y préstamos avalados son un recurso fundamental para que las empresas de la Comunidad cuenten con liquidez y puedan superar la crisis económica provocada como consecuencia de la pandemia sanitaria del COVID-19.
Por ello, entre estas ayudas directas y financieras se encuentran las líneas extraordinarias que la Junta ha habilitado para responder a la emergencia y facilitar liquidez a pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Las cinco líneas han facilitado hasta el momento 221,6 millones de euros a 2.367 empresas de Castilla y León, así como la creación o el mantenimiento de 4.962 puestos de trabajo y la generación de una inversión inducida de 249,8 millones de euros.
La primera línea, dirigida a aportar liquidez a autónomos y microempresas, ha financiado 1.004 propuestas por valor de 21,7 millones de euros. La segunda, destinada a mantener la actividad de las pymes que desarrollan su actividad en sectores especialmente afectados por la crisis del Covid-19 -como la hostelería, el comercio, las manufacturas o el turismo, entre otros- ha resuelto 514 solicitudes por 83,5 millones de euros. La tercera, dirigida a necesidades relacionadas con soluciones digitales de teletrabajo, digitalización y modernización de empresas, ha facilitado 76 millones para ayudar a 630 empresas de la Comunidad.
Respecto a la cuarta línea, que permite aplazar las cuotas de los préstamos de los programas de reindustrialización y crecimiento empresarial, ha respondido a 49 solicitudes con 13,9 millones de euros. Por último, la Junta ha puesto en marcha una quinta línea extraordinaria para dotar de liquidez a autónomos y pymes y, hasta el momento, ha recibido 170 solicitudes por valor de 26,3 millones de euros.
Por sectores, el mayor volumen de ayudas ha ido a parar a servicios -26 %, comercio -23,4 %, hostelería -17,8 % y agroalimentación -9.8 %.
Aplazamiento del pago de impuestos y rentas de inmuebles
Como consecuencia del estado de alarma motivado por la pandemia y con el objetivo de facilitar liquidez al contribuyente y evitar posibles tensiones en tesorería para familias, pymes, autónomos y personas físicas, la Consejería de Economía y Hacienda amplió en cuatro meses el plazo para la presentación de la autoliquidación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En concreto, hasta el 19 de julio, fecha en la que finalizó la cuarta moratoria, se calculaba que más de 148 contribuyentes podían haber aplazado el pago de sus impuestos por valor de 161,1 millones de euros. En concreto, 90.600 contribuyentes podrían haber aplazado sus impuestos correspondientes a Actos Jurídicos Documentados, Operaciones Societarias y Tansmisiones Patrimoniales Onerosas, por valor de 98,4 millones de euros, y por su parte, 57.500 contribuyentes podrían haber aplazado la liquidación del impuesto de sucesiones y donaciones por 62,8 millones de euros.
Además, el ICE también ha aplazado el pago de las rentas y servicios a las empresas instaladas en inmuebles de su propiedad en los parques tecnológicos y parques de proveedores de la Comunidad durante el estado de alarma. De ello han podido beneficiarse más de 50 empresas que ocupan en torno a 100 oficinas en 16 edificios.
Por otra parte, la Economía y Hacienda ha impulsado un acuerdo entre Iberaval y Reale Seguros para promover préstamos avalados bonificados e inyectar 6 millones de euros en financiación a pymes y autónomos afectados por el impacto socioeconómico de la crisis. A través de este acuerdo se bonifican préstamos avalados para el anticipo de las subvenciones del ICE a la internacionalización y los solicitados por empresas con necesidades de liquidez para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.
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