La fórmula de colaboración aprobada por la FEMP consiste en que la Junta de Castilla y León se incorpora a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana en calidad de observador, lo que permitirá al Gobierno autonómico estar presente en el debate a nivel local sobre estas políticas, aportar su punto de vista, conocimiento y experiencia. Esta relación entre administraciones, mediante la FEMP, es muy significativa máxime cuando Castilla y León es una comunidad autónoma que cuenta nueve provincias y un total de 2.248 municipios. Entre el listado de observadores de esta red se encuentran el Consejo de Transparencia de Buen Gobierno, Transparencia Internacional o comunidades autónomas como la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana; y la red cuenta con colaboradores como Access Info Europe y Fundación Civio.
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior tiene entre sus objetivos afianzar e impulsar la transparencia y la participación ciudadana, no solamente en el ámbito de sus competencias, sino también ser una administración abierta que comparte sus experiencias e iniciativas. De hecho, una de las tareas habituales de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno es aportar formación especializada a empleados públicos de otras administraciones públicas de la Comunidad y de fuera de ella.
El pasado mes de octubre la Junta de Castilla y León inició la tramitación de una nueva Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, y uno de los propósitos que se persiguen con la futura norma es que el ámbito de aplicación sea más amplio, que llegue a abarcar a las entidades locales castellanas y leonesas. En la exposición realizada desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, precisamente se apuntaba que la Junta es consciente de los menores recursos con que se cuenta a nivel local, sin olvidar que también y a la vez es menor el volumen de la información pública que generan y poseen en el ejercicio de sus funciones. Al tiempo, el Ejecutivo autonómico ya ha expresado su voluntad que analizar, de la mano de la Federación Regional de Municipios y Provincias, las posibilidades de apoyo de las diputaciones provinciales a las entidades con menos recursos e incluyendo un catálogo importante de materias de publicidad obligatoria, posibilitando que esta relación de contenidos se vaya incrementando de manera ágil y flexible sin necesidad de realizar sucesivas modificaciones normativas, una vez la norma esté vigente.
Una red enfocada a los gobiernos locales, la ciudadanía y el valor público
La Federación Española de Municipios y Provincias publicita que la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana se inspira en los valores de la integridad, la voluntad de búsqueda de soluciones, la colaboración y el intercambio, el aprendizaje y la apuesta por la innovación social. La Junta de Gobierno de la FEMP puso en marcha en febrero de 2015 la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana para compartir enfoques, recursosypromover la innovación y mejora permanente de la relación entre los gobiernos locales y los ciudadanos bajo los principios del Gobierno Abierto y mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje permanente, trabajando en red y desarrollando proyectos.
Los objetivos de esta Red se encaminan hacia tres ámbitos diferenciados: los propios gobiernos locales; la ciudadanía y la sociedad; y el valor público. En el primer caso, se incide en promover el avance de las políticas de transparencia, participación y colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales españolas para lograr marcos de convivencia estables y favorecedores del desarrollo económico y social de los territorios. Con un enfoque hacia la ciudadanía y la sociedad, se facilita el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de participación a la ciudadanía y a la sociedad, en el ámbito local, buscando implicación y compromiso con la acción pública. Y finalmente, como valor público, la Red trabaja en el refuerzo e incremento de la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales, asumiendo compromisos de buen gobierno y de realización de prácticas ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.