El importe de las cuantías que la Administración educativa autonómica destina a financiar el sostenimiento de los Seminarios Menores Diocesanos y de Religiosos de la Iglesia Católica en Castilla y León viene determinado de acuerdo con el módulo económico por unidad escolar para centros concertados que se aprueba para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León.
De este modo, el Seminario Menor Salesiano San Juan Bosco de Arévalo, en Ávila, que cuenta con 218 alumnos este curso, recibirá 533.585 euros; el Seminario Menor San Gabriel de Aranda de Duero en Burgos, con 100 estudiantes, 247.455 euros; el Seminario Menor San José de Burgos, con seis matriculados, 14.225 euros; el Seminario Menor Don Bosco de Armunia, en León, con 89 alumnos, 225.085 euros; y el Seminario Menor Nuestra Madre del Buen Consejo de León, con 72,185.325 euros.
Asimismo, el Seminario Menor San Jerónimo de Alba de Tormes, de Salamanca, con 64 estudiantes, percibirá 164.355 euros; el Seminario Diocesano San Cayetano de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con 19 inscritos este curso, 47.530 euros; el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de El Burgo de Osma, de Soria, con cuatro, 9.885 euros; el Seminario Menor Diocesano de Valladolid, con doce alumnos, 29.350 euros; el Seminario Sagrada Familia de Valladolid, con 88 estudiantes, 226.490 euros; y el Seminario Menor San Atilano de Zamora, con 38, 97.160 euros.
La colaboración en la financiación de los gastos de escolarización del alumnado de los seminarios autorizados como centros docentes privados es consecuencia del derecho que tienen reconocido por el Acuerdo firmado el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de febrero de 1994 también reconoce el derecho de percibir una subvención en función del número de alumnos que escolaricen. Esta subvención la ha recibido desde entonces del Gobierno del Estado y la perciben de la Comunidad de Castilla y León desde que fue efectivo el traspaso de funciones y servicios en materia de educación no universitaria.