Esta financiación permitirá a las cuatro universidades públicas afrontar con éxito los grandes retos que la enseñanza superior tiene planteados en torno a las tres funciones básicas de la universidad: transmitir el conocimiento existente, generar nuevo conocimiento y transferirlo a la sociedad. Son tres funciones básicas que, a su vez, se vinculan a los tres grandes objetivos sobre los que debe insistir una Administración responsable para lograr un sistema universitario cada vez más especializado, más fuerte y competitivo, claves para salir de la crisis a la que nos enfrentamos.
El primer objetivo pretende reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios mediante una enseñanza más personalizada (Espacio Europeo de Educación Superior) y que debe permitir avanzar en la mejora de su rendimiento académico y en la adquisición de conocimientos.
El segundo es profundizar y seguir afianzando una investigación científica de calidad. Aquí el compromiso de la Junta se concreta, por una parte, en la financiación hoy aprobada de los gastos del personal docente e investigador de las universidades públicas y, por otra, en las diferentes actuaciones que nacen de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020 (RIS3, según sus siglas en inglés).
Y el tercer objetivo supone un mayor esfuerzo en la innovación, para incrementar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y las empresas, y contribuyendo al crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.
Es una financiación adecuada que, en resumen, apuesta por la calidad de la enseñanza universitaria y de la investigación científica y por incrementar la colaboración de la Universidad y la Empresa, como factores de los que va a depender el progreso de Castilla y León.