El consejero de Empleo e Industria, German Barrios, y la directora general del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano, han asistido esta mañana en Valladolid a la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que también ha estado presente la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Amparo Sanz. A través de este órgano de cooperación, las administraciones autonómica y central planifican de forma coordinada las actuaciones inspectoras de cada ejercicio y analizan los resultados previos obtenidos.
Así, en el encuentro celebrado hoy se ha aprobado el programa territorial integrado de objetivos del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el año 2020 en Castilla y León, que prevé la realización de 46.500 inspecciones, el 6,06 % más que en el presente ejercicio (2.657 actuaciones más, en cifras absolutas).
En concreto, la Junta asumirá la ejecución de 20.794 iniciativas, lo que representa un incremento del 5,4 % respecto a 2019 y equivale a casi el 45 % de las 46.500 planificadas. Estas acciones se centrarán en las dos materias que son competencia de la Comunidad: la prevención de riesgos en el trabajo y las relaciones laborales.
Las inspecciones que van a realizarse el próximo año se orientarán a los objetivos fijados en el Plan Director por un Trabajo Digno, que contó para su aprobación con el acuerdo y participación de la Comunidad de Castilla y León. De hecho, la Junta aportó al documento las prioridades consensuadas con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social.
Las principales líneas y objetivos de actuación fijados para 2020 son:
1. Luchar contra el abuso y el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, con 3.854 actuaciones previstas.
2. Combatir los excesos de jornadas y las horas extraordinarias no pagadas ni compensadas –con 1.634 acciones–, así como los incumplimientos en materia salarial –con 200 iniciativas–.
3. Garantizar la protección de derechos fundamentales y la promoción de la igualdad, con 737 actuaciones previstas.
4. Luchar contra el fraude a la Seguridad Social (con 10.898 acciones planificadas) y contra la economía irregular (13.802 iniciativas previstas).
5. Reforzar las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral, con la planificación de 10.408 actuaciones.
6. Asimismo, como eje transversal, se intensificará la vigilancia sobre las nuevas modalidades de prestación de trabajo y las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena, donde se incluyen actuaciones para detectar el fomento del falso autónomo, trabajo oculto y falsos becarios.
Resultados de la Inspección en 2019
En el transcurso de la reunión también se han analizado los resultados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla y León durante el año 2019. En este punto, cabe destacar que, en el periodo entre enero y octubre, la suma de las infracciones de todas las áreas sobre las que tiene competencia de actuación la Inspección asciende a 4.134 infracciones, lo que lleva aparejadas sanciones por un importe de casi 10,4 millones de euros.
Estos datos evidencian un incremento del 15,35 % en el número de infracciones y del 16,08% en la cuantía impuesta con respecto al mismo periodo de 2018, cuando se formalizaron 3.584 infracciones por las que se notificaron sanciones por cerca de 9 millones de euros.
En el marco de la Comisión Operativa, se han analizado los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla y León en los dos ámbitos cuya competencia inspectora recae en la Consejería de Empleo e Industria.
Así, en el campo de las relaciones laborales, los expedientes sancionadores tramitados entre enero y octubre de este año han ascendido a 566, lo que supone un incremento interanual de casi el 21 %. Los requerimientos para subsanar las deficiencias detectadas han aumentado el 5,2 % (hasta 2.750). Para finalizar, las infracciones en materia de tiempo de trabajo (jornada, registro, horas extras, entre otros) se han elevado el 37,3 % (hasta sumar un total de 261).
Igualmente positivos han sido los resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo de la Comunidad en materias de seguridad y salud laboral. En los diez primeros meses de este ejercicio, el número de infracciones ha ascendido a 1.186, con un incremento de casi el 14,4 %, frente a las 1.037 contabilizadas en el mismo periodo de 2018. También se ha producido un aumento de la cuantía sancionadora, pasando de 1,89 millones de euros a 2,55 millones de euros (34,9 % más).
Se ha constatado un alza interanual de casi el 17,4 % en el número de recargos de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral, y del 75 % en la cifra de las paralizaciones. En materia de requerimientos, en comparación interanual, se ha producido un aumento del 2,56 %, con 173 requerimientos más respecto a los diez primeros meses del año 2018.
Plan Director por un Trabajo Digno
Por último, la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha analizado los datos provisionales de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, que fue aprobado en Consejo de Ministros el 27 de julio de 2018 con el objetivo último de recuperar derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, reforzando así la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.
Su puesta en práctica ha implicado una reorientación en las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ahora dirigidas con mayor intensidad a la mejora de la calidad del empleo y a la lucha contra el fraude laboral existente en el mercado de trabajo. Todo ello sin olvidar otros objetivos, como la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
El Plan Director, que diseña una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con perspectiva de género, establece 55 medidas operativas y 20 organizativas. Entre ellas cabe destacar las orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, así como a combatir los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas extras no pagadas ni compensadas.
Los principales resultados del Plan Director por un Trabajo Digno en Castilla y León, en el periodo que va desde su entrada en vigor, el 1 de agosto de 2018, hasta octubre de 2019, son los siguientes:
I. En materia de contratación temporal fraudulenta se han transformado un total de 10.046 contratos temporales en indefinidos, frente a 6.380 contratos transformados en indefinidos en los 15 meses inmediatamente anteriores, lo que supone un incremento del 57,46 %.
II. Se ha procedido a incrementar la jornada de 2.409 trabajadores a tiempo parcial.
III. En la nueva campaña sobre condiciones salariales, puesta en marcha en 2019, los requerimientos de pago de salarios a instancias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han dado lugar a la recuperación de 2.035.193,25 euros para los trabajadores de Castilla y León entre enero y octubre de este año.
IV. Un total de 640 falsos autónomos han sido regularizados mediante su alta en el Régimen General de la Seguridad Social.