El Consejo de Gobierno aprobó la concesión directa de una subvención para compensar a beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía por la pérdida de ingresos sufrida como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital, por un importe inferior al que venían percibiendo con la prestación autonómica. Con estos casi 63.294 euros destinados a 124 familias, son más de 340.000 euros los destinados a 459 unidades familiares beneficiarias de Castilla y León, señalan fuentes autonómicas.
La cuantía que corresponde a cada persona beneficiaria de esta subvención resulta del cálculo de la diferencia entre el importe que tenía reconocido con anterioridad a la suspensión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y el de la prestación estatal de Ingreso Mínimo Vital que le ha sido reconocido, según datos facilitados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
A su vez, el perjuicio económico que se pretende reparar mediante esta subvención, consiste en que los beneficiarios no alcancen el nivel de ingresos que en la normativa autonómica se considera como suficiente para atender sus necesidades básicas de subsistencia, señalan desde la Junta.