El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado este miércoles el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016, el primero de la novena legislatura. Lo más relevante es que, por segunda vez consecutiva, recoge una subida de los recursos a disposición de las consejerías. Se trata de 161,9 millones de euros más que en 2015, lo que eleva el montante para los nueve departamentos del Ejecutivo autonómico hasta los 7.628 millones, de los que el 80% se destina a gasto social.
La propuesta de cuentas de la Comunidad para el próximo año, aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno, se enmarca en un escenario de consolidación de la recuperación de la economía que hace posible ese incremento. Así, se ha elaborado tomando como referencia una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7%, un descenso de la tasa de paro hasta el 17,8% y un aumento de la tasa de empleo del 2%.
De cara a 2016 el Gobierno de Castilla y León vuelve a apostar por bajar los tributos a todos los ciudadanos, de modo que vean compensados parte de los sacrificios que han hecho durante la crisis. Así, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias recién aprobado por el Consejo de Gobierno –que como es tradicional acompaña al de Presupuestos– profundiza en la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Conviene recordar que en los años más duros de la recesión la Junta lo mantuvo intacto, en vez de elevarlo para obtener ingresos. Y no solo eso, sino que en 2015, dado que los indicadores económicos eran más favorables, optó por reducirlo.
En esa misma política se insiste ahora, con una nueva disminución del gravamen del tramo inferior –para los primeros 12.450 euros– del 10 al 9,5% que, combinada con el ensanchamiento de las bases imponibles de los dos segmentos siguientes, beneficia proporcionalmente más a los que menos tienen y a las rentas medias. A esto se añade la intención de suprimir por completo la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos a partir del 1 de enero de 2016, lo que implica que los contribuyentes dejen de pagar 1,6 céntimos adicionales por cada litro de gasolina, gasóleo o queroseno, así como 0,07 céntimos por litro de fuelóleo.
En relación con esto y con el propósito de que las ventajas fiscales autonómicas lleguen al mayor número posible de personas, se ha introducido una modificación en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias que redefine el concepto de núcleo rural a los efectos de aplicar las deducciones y tipos reducidos para jóvenes por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual. En concreto, se deja de considerar exclusivamente el municipio como referencia, lo que permitirá que se acojan a estos beneficios fiscales los habitantes de 69 entidades locales menores y otros núcleos de población.
La clasificación económica del gasto revela que el capítulo 1 o de personal consume 3.575 millones de euros, el 1,97 % más, cifra que en un 86,3 % corresponde a las tres consejerías sociales. Permitirá subir el 1 % las retribuciones de los empleados del sector público autonómico y abonar una parte de la paga extra del mes de diciembre de 2012, además de ampliar la oferta de empleo para los colectivos vinculados a los servicios esenciales (sanitarios, docentes, personal dedicado a la lucha contra el fraude, etcétera), que tienen autorizada una tasa de reposición del 100 % para 2016 frente al 50 % que será de aplicación al resto.