La agrupación Jóvenes de Castilla y León ha comparecido este martes en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado para exponer la situación que viven los jóvenes ante la falta de oportunidades en territorios afectados por la despoblación y trasladar sus propuestas para asentar población joven en estas áreas.
En concreto, María José Pérez y Juan José Álvarez han sido los encargados de representar al colectivo en esta sesión, ante la que han pedido que se trabaje "para evitar que Castilla y León se convierta en el geriátrico al aire libre más grande de Europa".
En cuanto a las propuestas del colectivo, recientemente presentaron un plan a la Junta, en el marco de la elaboración del anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la comunidad, con 48 medidas que buscan el impulso de la economía, la potencialización de sectores estratégicos como el agrario, la fijación de población joven, el blindaje de servicios básicos o mejoras en la gestión del territorio.
En su intervención, la agrupación ha destacado la "urgente necesidad" de "reindustrializar Castilla y León para poder frenar la sangría poblacional, potenciando actividades clave como la industria agroalimentaria y los sectores logístico, energético o farmacéutico, entre otros". Algo que, advierten, "no será posible sin una red de infraestructuras básica: conexión de internet de alta velocidad en todo el territorio, una red de carreteras digna y la recuperación de las conexiones ferroviarias que, en los últimos años y especialmente tras la crisis del COVID, han desaparecido, limitando así la conectividad de áreas rurales".
A su vez, han denunciado que la falta de infraestructuras es prueba irrefutable "del desinterés político por Castilla y León", pues apuntan que se trata de la comunidad con más "zonas blancas", de todo el Estado: "El 23% de sus habitantes, más de medio millón de personas, vive en un municipio donde no hay ningún operador que ofrezca Internet de banda ancha de 30 Mbps o más, lo que hace imposible que las empresas compitan en igualdad de condiciones".
No obstante, según el colectivo, los fondos COVID representan una oportunidad única para "cambiar la tendencia económica y frenar el declive demográfico de Castilla y León". Estos fondos, dotados con 140.000 millones de euros (equivalente al 11% del PIB español), serán concedidos tras la evaluación y visto bueno de la Comisión Europea de los proyectos presentados por España.
Así, insisten en que se debe "dar prioridad a los proyectos enclavados en las zonas que más lo necesitan y que están más golpeadas por la despoblación, como las provincias de Soria, Zamora, Palencia o León". El colectivo busca revertir la situación actual de Castilla y León para "evitar que se cumplan las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, que pronostica una pérdida de 239.000 habitantes en los próximos quince años".
Otras de las peticiones ante el Senado han sido "planes de vivienda que hagan accesible su alquiler y compra, pues Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menor tasa de emancipación" y "planes inclusivos de retorno de jóvenes que contribuyan a un reequilibrio territorial, con objetivos específicos para personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social".
Ambos integrantes del colectivo han terminado sus intervenciones reivindicando un "futuro" en Castilla y León, el "derecho" a desarrollar un proyecto individual y colectivo con unas condiciones de vida "dignas" y evitar que la comunidad "se convierta en el geriátrico al aire libre más grande de Europa", porque "sin jóvenes no hay futuro".