En todo caso, Izquierda Unida se ha referido a un conflicto que, bajo su punto de vista, ha motivado esta decisión por parte del gobierno municipal: "Un Presidente de Asociación de Vecinos amenazó con llevar a los tribunales al Interventor del Ayuntamiento porque les exigía, a la hora de justificar la subvención que les da el Ayuntamiento, además de la factura, el justificante bancario de haberla pagado o bien una declaración de proveedor de que efectivamente la había cobrado. Bastaba con leer la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento para darse cuenta de que el funcionario sólo aplicaba la norma que en su día aprobó Antonio Vázquez. La Ordenanza que data de 2005, dice en su artículo 17 que el gasto debe justificarse con una factura a la que hay que adjuntar 'el adeudo bancario o informe de que el importe de la factura ha sido pagado'. En definitiva, si se paga, el proveedor deberá declarar que en efecto ha sido así".
Por ello, Izquierda Unida considera que "el Interventor sólo aplicó la ley" y apunta que "quien puso ese método de justificación fue el PP". Por ello, el edil de la formación, Francisco Guarido, ha dejado claro que les habría satisfecho otra actitud por parte del gobierno local: "Nos habría gustado que la alcaldesa y todo el equipo de gobierno lo hubieran admitido así cuando se realizaron las declaraciones de que el funcionario incumplía la ley y que lo llevarían a los tribunales", ha apuntado el concejal de IU. Y ha añadido: "El funcionario hizo lo que tenía que hacer y Rosa Valdeón no lo dijo por cobardía".
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