IUCyL solicita la vacuna para todos los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Castilla y León, tanto si dependen de ayuntamientos, como de diputaciones provinciales. A juicio de la formación, es necesario porque estas personas, más de 5.200, atienden a unos 22.000 mayores, dependientes o grandes dependientes que constituyen uno de los colectivos más vulnerables ante el COVID-19.
“Los trabajadores de este servicio están en primera línea en la atención a dependientes y trabajan cuidando personas vulnerables al virus, por lo cual es relevante que dicho personal esté incluido como prioridad en la lucha contra la pandemia”, explican en un comunicado recogido por Ical.
“Somos conscientes que el problema de la privatización de este servicio ha generado una precarización de las condiciones en que trabajan, y que las empresas que gestionan no han sido todo lo eficientes que deberían en la dotación de EPIs de sus trabajadores para proteger a las personas con las que trabajan y su propia salud”, denuncian, para insistir en que deben recibir la vacuna de manera prioritaria, puesto que su trabajan en estrecho contacto con el colectivo, como en las labores de aseo y en el apoyo para su movilidad.
A ello suman, que estos trabajadores se desplazan de una casa a otra y conviven a lo largo de su jornada laboral con personas vulnerables al coronavirus. Tienen un mayor riesgo de sufrir la enfermedad y pueden ser causa de la transmisión de la misma.
Por estos motivos, Izquierda Unida de Castilla y León solicita que la Junta de Castilla y León tome conciencia de esta situación y planifique, “de manera urgente”, con ayuntamientos y diputaciones que prestan el servicio la vacunación de estos profesionales.