IUCyL no entiende que la Junta de Castilla y León quiera anular derechos laborales de los y las empleadas públicas en plena segunda ola del Coronavirus, modificando de forma permanente el Estatuto Jurídico del personal estatutario de CyL, eliminando sus derechos laborales.
En la modificación del Estatuto planteada por la Consejería de Sanidad, cualquier situación sanitaria que un gerente considere de emergencia, como puede ser la ausencia de profesionales en las bolsas de empleo o la pandemia de la gripe anual, podrá ser la excusa para que se eliminen derechos de los trabajadores como: reducciones de jornada, cambios de vacaciones, permisos retribuidos, permisos para la conciliación, cambios de horarios de trabajo, jornadas etc., Decisión que podrá tomar libremente cada uno de los gerentes de SACyL, dejando en una situación de indefensión a los trabajadores y trabajadoras de nuestro sistema público de salud.
La Junta de CyL aprovecha la coyuntura del COVID para convertir en permanente una situación de excepcionalidad.
Además, en la modificación de Estatuto implantan de nuevo de manera sibilina las unidades de gestión, con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra las mismas. Pero sí refiriéndose a los Gerentes de centro o Institución, con capacidad de decisión en el ámbito de estas unidades.
Según Carmen Franganillo, coordinadora del área de Salud de IUCyL: “Se saltan el diálogo social. No convoca los Consejos de Salud regionales… El PP hace una política sanitaria en CyL y se contradice a nivel nacional, donde recientemente ha argumentado que la precariedad laboral era uno de los problemas del sistema. Precariedad que ellos mismos han creado y siguen fomentando.”
IUCyL explica que “la Junta no se preocupa de su personal sanitario ni de los desplazamientos que tiene que realizar para acudir a su puesto de trabajo ni de la estabilidad laboral. Estas medidas propuestas por la Consejería de sanidad son una agresión a las condiciones de trabajo de la sanidad pública de Castilla y León que tememos que acabe con la marcha de médicos y médicas especialistas a otras comunidades y a la sanidad privada. Lo que implicará todavía menos recursos y más problemas por carencia de personal sanitario en los servicios.”
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