El Ayuntamiento recurrió esta sentencia al Tribunal Constitucional, "pero la sentencia no admitía recurso ordinario y, en consecuencia, podía pedirse su ejecución de forma inmediata, cosa que hizo UFC y que ha logrado en los últimos días", ha afirmado Guarido. Estos 3.566.453 euros más los costes del proceso "van a tener que salir del fondo de contingencia del presupuesto de 2014 dotado con 3,1 millones de euros, a lo que habrá que añadir el resto del dinero con modificaciones presupuestarias de otras partidas de manera inmediata", ha añadido el portavoz de Izquierda Unida.
Para los concejales de IU, "después del brutal ajuste a costa del bolsillo de los ciudadanos, en época de recortes y ajustes, este hecho no puede quedarse sin consecuencias políticas", por lo que han reclamado la dimisión del actual diputado nacional y alcalde en el momento del contrato con UFC, Antonio Vázquez, "verdadero cerebro de esta descerebrada operación y que lejos de recibir un castigo ha sido premiado con su puesto como diputado", así como de los concejales de aquél momento "que aún tienen responsabilidades políticas, como Fernando Martínez Maíllo y Alberto Castro, además de la alcaldesa, Rosa Valdeón, que en ningún momento ha comprendido bien qué estaba ocurriendo en esta situación y que es la responsable de la pésima defensa del Ayuntamiento además contratando a abogados externos", ha detallado Guarido.
Además, el portavoz de IU ha concluido que "el hecho de que el contrato estuviera sobrevalorado en 24 millones de euros tal y como certificaron los técnicos municipales indica que la operación pudiera no ser limpia, porque la palabra que más aparece en todo el proceso es sobrevaloración, y eso sólo significa presunta corrupción".