El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dirimido el pleito de la liquidación de las obras de los aparcamientos de San Martín y Constitución condenando a la antigua concesionaria a pagar 1.695.496 euros al Ayuntamiento. Un pleito en el que la diferencia de cifras era totalmente dispar, y en el que, como se recordará, Iridium reclamaba al Ayuntamiento más de 20 millones de euros. Una circunstancia con la que se encontró el equipo de gobierno recién estrenado en junio de 2015.
Una vez que el Ayuntamiento licitó la gestión de los citados aparcamientos a una nueva concesionaria en 2018, el equipo de gobierno se puso a trabajar con la asesoría jurídica municipal y se encargaron estudios económicos al respecto para cuantificar la liquidación que le correspondía a Iridium. Dichos estudios reflejaron una tasación final de 2.500.000 de euros a favor del Ayuntamiento frente a los más de 20 millones reclamados por la empresa.
El alcalde, Francisco Guarido, considera que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso que condena a Iridium a pagar 1.695.496 euros al Ayuntamiento refleja la buena gestión realizada por el equipo de gobierno a la hora de defender los intereses de municipales, en un asunto que ha resultado muy favorable para las arcas públicas y que podía haber sido totalmente ruinoso para la ciudad en el caso de haber prosperado la reclamación de Iridium, a la vez que ha agradecido el buen trabajo realizado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento y de la empresa encargada de realizar los estudios económicos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 15 días.
Para efectuar ese cálculo se ha tenido en cuanta el coste de construcción de los dos subterráneos que el conjunto sumó 3.174.031 euros en 1998, de los que hay que detraer las amortizaciones acumuladas hasta el pasado 30 de junio de 2018, cuando se produjo el traspaso a la nueva adjudicataria, que suman 1.615.490 euros; así como una subvención de más de un millón euros procedentes de fondos europeos percibida por el Ayuntamiento y aportada a la empresa; la valoración de las deficiencias detectas y no asumidas por la empresa; el importe de las plazas vendidas a particulares para el periodo de 33 años que duraba la concesión cuantificadas en 127.582 euros; y a todo ello se suma parte de los beneficios de la gestión que tenían que ser aportadas al Ayuntamiento todos los años.
Cronología:
Los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución terminaron de construirse en 2001 y 2002, a cargo de la empresa Urbaser con una concesión administrativa para su explotación durante 33 años. El contrato fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2004, a raíz de una demanda presentada por una de las empresas concursantes que se consideró perjudicada.
Tras los recursos pertinentes el contrato queda definitivamente anulado por el TSJ en 2006, a consecuencia de lo cual el Pleno acuerda encargar a la empresa que continúe con la explotación del servicio (ORA y aparcamientos) hasta que se ejecute la sentencia y se realice la nueva adjudicación del servicio, a lo que inicialmente el entonces equipo de gobierno del Partido Popular se compromete a licitar inmediatamente, cosa que no hizo. Es más, como se recordará el Grupo Municipal del PP llevó al TARCyL los pliegos elaborados por el equipo de IU y PSOE y retrasó casi dos años la adjudicación.