En su Informe Anual 2024, presentado hoy en las Cortes, el Procurador del Común, Tomás Quintana, destacó que el 88,79% de las resoluciones emitidas por la institución durante el año pasado fueron aceptadas por las entidades públicas. Este informe, que se debatirá el próximo 14 de mayo en un pleno monográfico, resume la tramitación de 2.273 expedientes, derivados de 2.129 quejas, junto con 144 actuaciones de oficio.
Entre los puntos más destacados del informe, Quintana subrayó la necesidad de controlar los consumos internos de agua y su calidad en los municipios, como una medida para prevenir la contaminación por nitratos. Asimismo, más del 80% de las quejas fueron dirigidas a los ayuntamientos, lo que refleja la preocupación de los ciudadanos por la gestión local de servicios públicos y la infraestructura.
El Procurador detalló que, de las 1.918 quejas individuales recibidas, las áreas de Administración Local, Fomento y Empleo Público concentraron la mayor parte de las denuncias. Además, en cuanto a la Administración autonómica, Sanidad fue el sector con más quejas, seguido de Educación, Medio Ambiente y Vivienda.
Uno de los aspectos más relevantes del informe fue la tramitación de 144 actuaciones de oficio, un incremento respecto al año anterior. Estas actuaciones incluyeron la protección del agua potable, la limpieza de terrenos para evitar la propagación de enfermedades y la mejora de la accesibilidad en el transporte público para personas con movilidad reducida. También se destacó la necesidad de adoptar medidas en la seguridad vial en las inmediaciones de colegios y el uso de inteligencia artificial en los parques eólicos para prevenir el impacto sobre las aves.
Con respecto a los silos agrarios en la región, Quintana propuso declarar como Bienes de Interés Cultural (BIC) aquellos que sean de valor histórico y recuperar su uso para fines sociales, como ocurrió en el silo de Pancorbo (Burgos).
En cuanto a la sanidad, Quintana abordó las preocupaciones de los ciudadanos sobre las listas de espera, especialmente en el caso de oncólogos en El Bierzo, un tema que ha generado un movimiento social y que el Procurador continuará supervisando.
En resumen, el informe resalta el trabajo realizado por la institución para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, con especial atención a la gestión del agua, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida en los municipios de Zamora y la Comunidad Autónoma.
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