La Federación ha apuntado que está ultimando un documento de propuestas, que presentará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para potenciar la oferta y el sostenimiento de los alquileres de viviendas y locales de negocio y proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios.
El colectivo ha puesto de relieve que desde el 4 de mayo el 50% de la actividad de las agencias inmobiliarias se ha centrado principalmente en la gestión de demanda de viviendas en alquiler. No obstante, aseguran que la escasez de vivienda encarece el mercado en las principales ciudades y centros productivos.
Desde su punto de vista, las políticas aplicadas se han mostrado "ineficaces" para el equilibrio de la oferta y la demanda y el reajuste de los precios. No obstante, FAI cree que esas políticas no han frenado un crecimiento poco sostenible de los precios que, en determinadas plazas, han alcanzado incrementos de dos dígitos desde 2018.
Entre las propuestas de FAI, destacan la bonificación fiscal para arrendadores de vivienda habitual, tanto en el IBI (del 50%) como en el IRPF (hasta el 100%), siempre que la renta mensual esté dentro de los parámetros de un índice de precios por metros cuadrados que debería publicarse en todos los municipios de al menos 5.000 habitantes, según explica.
También recoge un incentivo a la incorporación de nueva oferta, la bonificación del 10% en el impuesto autonómico de transmisiones patrimoniales para compras de viviendas destinadas al alquiler, así como la creación de una línea de ayuda mediante créditos ICO para rehabilitar las viviendas que sean destinadas al alquiler de vivienda habitual por un periodo mínimo de 5 años.
Para atraer a propietarios que no quieren asumir la gestión del arrendamiento al mercado del alquiler, FAI propone que se cree un sistema público, mediante gestión privada, que se encargue de administrar vivienda privada cedida en arrendamiento durante al menos 5 años.
Por otro lado, apuesta por articular un plan de ayudas económicas estatales directas que puedan dirigirse tanto a inquilinos como a propietarios, gestionados por las comunidades autónomas y con una dotación económica suficiente para cubrir la demanda.
Por último, piden crear la puesta en marcha de una oficina autonómica de resolución extrajudicial de conflictos, mediante mediación y arbitraje gratuito.