Las oficinas de información antiocupación han iniciado su andadura en las nueve provincias, fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana. La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, ha visitado esta mañana la ubicada en León, en concreto, en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana de esta ciudad. Su finalidad es prestar información especializada en materia de ocupación ilegal de viviendas, facilitar asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y, en su caso, en las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso. La información está también disponible en el Portal web de la Junta de Castilla y León y en el servicio de Atención al Ciudadano 012, desde donde se derivan ya las consultas a las sedes de las Cámaras de la Propiedad de las provincias respectivas.
La puesta en marcha de esta oficina pretende cumplir con el deber que corresponde a los poderes públicos de garantizar el legítimo ejercicio del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución, y de protegerlo frente a un fenómeno como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial, según ha explicado Pardo. Además, la Administración autonómica trata con ello de velar también por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad, y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas.
Para ello, fruto del citado acuerdo de colaboración, la Junta de Castilla y León ofrece, a través de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, un servicio de información y asesoramiento a las personas afectadas por un hecho de ocupación ilegal de vivienda, atendiéndoles en sus necesidades y demandas. En esta oficina, que ya está en funcionamiento, los interesados encontrarán toda la información y asesoramiento que soliciten en relación con la prevención, la actuación inmediata, en su caso, y las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso.
Además, está prevista la posibilidad de que el personal que presta asesoramiento ponga en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la existencia de un delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal o cualquier otro de persecución pública que detecte, cuando se determine una situación de indefensión o dificultades para acceder a las autoridades por parte de la persona demandante del servicio. A ello irá encaminada también la formación del personal que atenderá la oficina.
En su visita, Pardo ha manifestado que “se trata de ofrecer un mensaje de tranquilidad al mercado inmobiliario para que no se dificulte la puesta en el mercado de viviendas para su alquiler” porque “el problema del acceso a la vivienda por quienes tienen dificultades económicas y son vulnerables debe ser abordado a través del incremento del parque público o del otorgamiento de ayudas a los más necesitados”.
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