El Ministerio de Igualdad anunció la apertura, en el cuarto trimestre de 2024, de nueve centros de atención integral para víctimas de violencia sexual, uno en cada capital de provincia de Castilla y León, financiados con los fondos europeos. Así lo recordó hoy la ministra del ramo, Ana Redondo, que asistió este miércoles en Tenerife “para seguir avanzando en la coordinación y reforzar la respuesta institucional a la violencia de género”. Redondo informó de que en otoño, once comunidades abrirán este tipo de centros.
Está previsto que a lo largo del cuarto trimestre abran sus puertas, además de los nueve de Castilla y León, los nuevos centros de Cuenca y Ciudad Real, Zaragoza, Castellón, Logroño, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, las cuatro capitales de provincia de Cataluña; las ocho de Andalucía; Mallorca y Menorca; Oviedo; Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria; Ceuta; y dos centros en La Coruña, uno en Lugo, otro Orense y en Pontevedra.
Un total de seis autonomías han puesto en marcha al menos un centro de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual financiados por el Ministerio de Igualdad a través de los fondos Next Generation, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Se trata de Cantabria (Santander), País Vasco (Bilbao y Vitoria), Murcia (El Palmar), Navarra (Pamplona), Melilla y Castilla-La Mancha (Albacete).
“Para el Ministerio, la prioridad absoluta es la lucha contra la violencia de género e ir tejiendo una red de recursos que ayude a las mujeres en todo tipo de violencias. Hay una programación ambiciosa para crear en todas las provincias y cabildos insulares centros de crisis, que tienen que estar puestos a disposición el 31 de diciembre”, señaló la ministra, que está viajando por toda España “para conocer la situación de los centros de crisis, saber si se ha avanzado y qué necesidades pueden tener para que el Gobierno de España eche una mano allá donde sea necesario”.
Redondo ha hecho hincapié en que el Gobierno es garante “de los derechos constitucionales”, que “pasan porque haya servicios de calidad, en este caso para víctimas de violencias sexuales, en todo el territorio español”.
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